Venezuela: las cifras que se silencian oficialmente

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Si bien cualquier persona que transite las calles del centro de Caracas, perimetrales al Palacio de Miraflores, observará una calma inusitada y hasta en demasía que puede generar suspicacia, de ahí, contando kilómetros, ya no tan distantes como hace algunos meses, las protestas se han convertido en el pan de cada día del venezolano en el interior del país; ese pan distinto al que les gustaría encontrar en los habituales comercios que expenden el tan preciado producto alimenticio para los criollos y que hoy su producción está mermada. Hasta el pasado mes de marzo sin haberse activado el grueso de las manifestaciones opositoras, la Federación Venezolana de Pan (Fevipan) manifestó que había un déficit del 70% en cuanto a la importación de harina de trigo. En el país se necesitan, según Fevipan, al menos unas 120 mil toneladas métricas de harina, y sólo se contaban 30 mil en el primer trimestre del año. Al cerrar el 2017 el consumo de pan en la nación se había disminuido en un 37% con respecto al 2015, por la escasez y las regulaciones.

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Este sensible dato que ataca el estómago de muchos venezolanos es un aliciente al malestar generalizado que según datos de todas las encuestas que hacen vida en el país, hasta las más progubernamentales, como Hinterlaces, concuerdan en ubicarlos al menos en un 65%. De allí crecen también las manifestaciones callejeras en contra de las políticas de Miraflores y que la oposición, luego de su “error” político, para algunos de “a pie”, por haberse sentado en una mesa de diálogo con el oficialismo fracasada por el incumplimiento de los acuerdos, reconocido así hasta por el propio Vaticano, pudo levantar vuelo propulsado también por la osadía del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que intentó a finales de marzo dar la estacada definitiva a la Asamblea Nacional con mayoría contraria a Nicolás Maduro sentenciando par de acciones que imposibilitaba su trabajo parlamentario; un hecho repudiado internacionalmente; además con el punto sorpresivo de las declaraciones de la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, de quien se decía leal al madurismo, que fustigó los actos del TSJ tildándolos de “ruptura del hilo constitucional”.

MUD: “calle y más calle”

Las actividades de calle que se habían “enfriado” en los últimos meses dando paso a un escenario “conformista” para la oposición e ir a un proceso electoral regional “vencido”, se reactivaron con una contundencia –inesperada para muchos- pero alentadas desde hace tiempo por otros. La resistencia, como las hacen llamar desde la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) que agrupa a los diferentes partidos que adversan a Maduro, pica y se extiende, rozando ya los 50 días continuos donde se registran balances que son de atención para la opinión pública internacional, pero que la comunidad venezolana en mayor cuantía termina por desconocer si no posee una conexión de internet, pues, debido a la censura estatal con una ley de radio, prensa y televisión cortada a la medida de Miraflores, se imposibilita el trabajo periodístico libre sin presiones, obviándose así detalles precisos y las transmisiones de las protestas que en las ciudades del interior del país han escalado a niveles de violencia desmedidas, dejando caos callejeros, saqueos a comercios y asesinatos –casi selectivos- en su mayoría ejecutados por grupos de civiles armados y, efectivos policiales y militares, señalados e imputados oficialmente por el Ministerio Público, pudiéndose constatar a través de su cuenta en la red social Twitter: @MPvenezolano

¡Las sumas!

El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) ha documentado desde el 1 de abril hasta este 17 de mayo de 2017: 1208 protestas y 55 personas fallecidas a escala nacional. Las manifestaciones se han llevado a cabo en todos los Estados del país, siendo, luego de verificar fuentes y presenciar cada actividad, las regiones del occidente donde se han concentrado los mayores casos. Las muertes para el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) se oficializaba hasta el 16 de mayo en 43 sin sumar las lamentables bajas del pasado miércoles en el Estado Táchira de dos personas más: un joven de 15 años y un adulto de 46, ambos en el contexto de las manifestaciones; el Ministerio Público ya imputó a funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana por estos hechos. Además del arrollamiento de Paul Moreno por una camioneta este jueves en el Zulia durante la marcha –paradójicamente- que pedía el cese de la “represión”; el joven tenía 24 años y estudiaba 4to. Año de Medicina en la Universidad del Zulia, fungía como voluntario de una red que ayudaba a los heridos en cada movilización.

Aunque los ministros de Defensa, Vladimir Padrino, y el de la cartera de Interior y Justicia, Néstor Reverol, insisten en que tanto la Policía como Guardia Nacional Bolivariana no portan armas de fuego para contener las protestas, el Ministerio Público se ha encargado de ratificar las denuncias de decenas de testigos que aseguran ser los cuerpos de seguridad quienes –mayormente- han causado los distintos asesinatos durante las represiones que sufren las manifestaciones. Los registros marcan el disparo de bombas lacrimógenas y esferas metálicas a quemarropa como principales causas de los asesinatos, tiradas cuando algunos protestantes osan llegar al frente de los piquetes de los efectivos del orden en un acto de rebeldía ante el freno que imponen para que las actividades no terminen en su destino dispuesto; o en situaciones de emboscadas en calles cerradas de ciudades y pueblos por parte de grupos civiles “paramilitares” armados que han sido denunciados durante años por organizaciones que velan por los derechos humanos en Venezuela y el mundo.

Los datos recreados

La siguiente infografía resume los registros que se han generado durante las protestas opositoras en Venezuela:

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Redacción e infografía: Geraldo P. Meneses

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