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Eliminar la posibilidad de que ciudadanos comunes dicten sentencia junto con un juez es una mala decisión, pero quitarla en un país en el que un ex magistrado del Tribunal Supremo de Justicia denunció hace menos de dos meses que recibió presiones “del presidente de la República para abajo” es mucho peor.
“En una nación como la nuestra, donde está seriamente cuestionada la independencia del Poder Judicial y donde muchos jueces han sido señalados de parcializados es gravísimo que se pretenda eliminar a los escabinos”, advirtió el penalista José Luis Tamayo.
El especialista, que participó en la reforma del Código Orgánico Procesal Penal de 2001, criticó la propuesta que lanzó el presidente Hugo Chávez el martes en la noche en consejo de ministros y que se transmitió en cadena de de radio y televisión de suprimir del COPP la figura de los escabinos.
El instrumento penal en vigencia establece que en los juicios por delitos cuyas penas sean mayores a cuatro años de cárcel el acusado debe ser juzgado por un tribunal constituido por un juez y dos ciudadanos comunes, que son elegidos al azar y que forman parte de una lista de personas seleccionadas por sorteo por la Dirección Ejecutiva de la Magistratura cada dos años.
Actualmente el COPP establece que sólo cuando se hayan realizado dos convocatorias sin que los escabinos hayan acudido el juez podrá dar por constituido un tribunal unipersonal en el que sólo él decidirá si condena o absuelve a los acusados.
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La propuesta presidencial echaría por tierra la posibilidad de que haya participación ciudadana en los procesos de administración de justicia y dejaría en manos exclusivas de los jueces todas las sentencias que se dicten en el país.
El penalista Alberto Arteaga Sánchez también criticó el planteamiento de Chávez. “La eliminación del escabinado propicia que las decisiones de los tribunales sean controladas por el poder político. La participación de ciudadanos comunes en los juicios favorece que se produzcan decisiones que no dependan de intereses políticos”, aseveró.
Retroceso judicial
La tendencia mundial apunta a que los juicios se celebren con escabinos (generalmente dos ciudadanos comunes) o con jurado (que está integrado por nueve personas de a pie).
“La tendencia en la mayoría de los países se orienta hacia la adopción de fórmulas de participación ciudadana en los procesos de administración de justicia”, afirmó Arteaga.
El penalista Fernando Fernández, que coordinó la reforma del COPP de 2001, advirtió que incluso en Cuba funcionan tribunales con jurado. “Son los llamados jueces ciudadanos”, explicó.
Colombia, Bolivia y México están en la lista de países de la región que han incorporado en los juicios a personas de la sociedad civil, indicó Fernández.
Tamayo advirtió que, contrario a esta orientación, en Venezuela la tendencia se encamina a restringir la participación ciudadana. Indicó que en principio el COPP establecía que debía convocarse a los escabinos en cinco oportunidades antes deque se pudiera constituir un tribunal unipersonal, y que ahora la norma establece que sólo deben ser llamados en dos ocasiones.
Fernández aseveró que la resistencia a incorporar la participación ciudadana no es nueva y que ha existido desde que se promulgó el COPP, en 1998, instrumento que derogó al Código de Enjuiciamiento Criminal, en el que no se establecía que los jueces decidieran junto a personas comunes.
“A los escabinos nunca se les ha dado protección. Si un ciudadano común se siente inseguro por el índice delictivo, cómo se sentirá el que tiene que colaborar a dictar veredictos en contra de delincuentes”, advirtió.
El Dato
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El COPP no puede reformase por decreto ley dictado por el presidente de la República en el marco de la Ley Habilitante, explicó el penalista Alberto Arteaga Sánchez.
“Por el principio de legalidad, todas las leyes penales están reservadas al Poder Legislativo. Las normas referidas a la libertad de las personas no pueden estar en manos del Ejecutivo”, dijo.