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Las relaciones entre Venezuela y la Unión Europea siguen deteriorándose. Apenas 24 horas después de que Caracas y Madrid anunciaran que restablecían relaciones tras las últimas expulsiones de embajadores, la Unión Europea abrió la puerta a ampliar el abanico de sanciones que ya impone al régimen de Nicolás Maduro.
La «canciller» europea Federica Mogherini dijo que el bloque impondría más sanciones a Venezuela según cómo se desarrollen los próximos comicios venezolanos y dijo que lamentaba cómo se habían convocado esas elecciones “porque no hay condiciones para un proceso electoral creíble e inclusivo”.
En un comunicado, Mogherini explicó que las elecciones presidenciales y legislativas venezolanas del próximo 20 de mayo se realizarán sin consenso entre el gobierno y la oposición. La «canciller» añadió que “la Unión Europea seguirá muy de cerca el proceso electoral y los acontecimientos sobre el terreno y está preparada para reaccionar a través de medidas apropiadas a cualquier decisión o acción que siga dañando la democracia, el respeto al Estado de derecho y la situación de los derechos humanos en el país”.
Mogherini también dijo que todos los partidos deberían poder concurrir a las elecciones, en referencia a los candidatos que han sido vetados y al boicot por parte de la principal coalición opositora. Mogherini también rechazó el modo en que fueron convocados los comicios.
La diplomacia europea ya había dicho en febrero que la situación política y económica en Venezuela era “crítica” y que estaba “dispuesta a reaccionar” si las elecciones no eran “creíbles” y no respetaban los principios de “inclusión, justicia y transparencia”.
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Mogherini exigió “unas elecciones libres y justas” en las que participen “todas las partes del proceso político” y pidió a la oposición “que permanezca unida y comprometida con el diálogo político”. La alta funcionaria ya creía entonces que la organización de unas elecciones creíbles en Venezuela era prácticamente imposible por la actitud del gobierno de Nicolás Maduro.
A Cabello lo acompañaron en esa lista de sancionados el ministro de Interior y Justicia Néstor Riverol, el jefe de los servicios secretos Gustavo González López, el presidente de la Corte Suprema Maikel Moreno, el ex comandante de la Guardia Nacional Bolivariana Antonio Benavides, la presidenta del Consejo Nacional Electoral Tibisay Lucena y el fiscal general Tarek William Saab, quien sustituyó a Luisa Ortega, huida de Venezuela tras denunciar persecución política.
El 8 de febrero el Parlamento Europeo aprobó por una amplia mayoría (480 votos a favor, 51 en contra y 70 abstenciones) una resolución en la que pedía a los gobiernos del bloque que incluyan en esa lista de sancionados al presidente Nicolás Maduro y a todas las personalidades “responsables del incremento de la crisis política, social, económica y humanitaria” en Venezuela.
Además de esas sanciones personalizadas, la Unión Europea lleva meses endureciendo su postura hacia Caracas. A finales del año pasado se aprobó un embargo de armas y material antidisturbios. Los eurodiputados también quieren sanciones contra la petrolera venezolana PDVSA, pero los cancilleres por ahora no estudian esa opción porque dicen que tratan de castigar a la dirigencia venezolana relacionada con la represión pero no a la población.
Para eliminar las sanciones la Unión Europea sigue exigiendo el cumplimiento de varias condiciones: negociaciones políticas creíbles, respeto a las instituciones democráticas (no se reconoce a la Asamblea Constituyente elegida por el chavismo) y liberación de los presos políticos.
Escrito por Idafe Martin para Clarin.
