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La Ley de Seguridad Ciudadana y varias reformas en el Código Penal entran el 01 de julio en vigencia en España. Las normativas han sido cuestionadas por diputados opositores al partido del Gobierno y por miles de españoles que ahora serán regulados en más de 40 conductas civiles con sanciones económicas y hasta cárcel.
1. Las dos leyes fueron aprobadas en el Congreso español con el apoyo del Partido Popular (PP) y el Unión Pueblo Navarra. El proyecto fue introducido por José Fernández Díaz, ministro del Interior, y fue debatido en el parlamento durante cinco meses.
2. Los proyectos del Ministerio del Interior salen adelante a pesar de que la seguridad ciudadana no está entre los diez problemas principales de los españoles, según el Centro de Investigaciones Sociológicas.
3. La normativa punitiva contemplará gravas económicas, las infracciones leves se sancionarán con una multa de 100 a 600 euros; las graves, de 601 a 30.000 euros; y las muy graves, de 30.001 a 600.000 euros. Caso particulares serán penados con cárcel.
4. La Ley de Seguridad Ciudadana contempla en su normativa la devolución en caliente de los inmigrantes que sean detectados en la demarcación territorial del Ceuta o Melilla. Asimismo, los ciudadanos que quieran manifestar deberán comunicarlo con antelación. El texto también contempla restricciones sobre divulgación de las marchas a través de las redes sociales.
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5. Una de las reformas en el Código Penal determina la condición de prisión permanente revisable, que algunos expertos penalistas indican que tal enunciado es un “eufemismo” para introducir la cadena perpetua. Ayer diputados y senadores de todos los partidos, excepto del PP, introdujeron frente al Tribunal Constitucional un recurso en contra de esta norma por considerarla “anticonstitucional”.
6. La plataforma @NoSomosDelitos denuncia además la vulnerabilidad de los principios de derecho sobre legalidad y proporcionalidad de la condena que contemplan las nuevas reformas en el Código Penal de España.
7. Los principales afectados por las leyes mordazas serán los inmigrantes, entre otros elementos porque se legaliza las redadas policiales; los pobres, ya que las faltas pasarán a ser delitos, considerando que se les sancionará económicamente, algunas personas podrían ir a prisión a los que, por insolvencia, no puedan hacer frente a las mismas; periodistas e informadores, por considerar que el paquete normativo traería ciertas consecuencias para el derecho y libertad de información; por último a los movimientos sociales, los cuales no podrán realizar protestas públicas ni ayudar en contra de los desalojos arbitrarios.
8. Hasta ahora los únicos que han apoyado las medidas del Congreso español han sido los integrantes del partido del gobierno, en tanto que los grupos opositores parlamentarios, el consejo de Europa y el Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la Organización de los Derechos Humanos han criticado como precedente negativo la aprobación y entrada de vigencia de estas normas.
9. El paquete de leyes regulará 44 conductas de los ciudadanos españoles, que van desde el consumo de alcohol en lugares públicos, tipificado como falta leve, hasta manifestaciones no comunicadas o prohibidas, consideradas como falta muy grave.
10. A partir del 01 de julio los ciudadanos en España no podrán manifestar frente al congreso o el senado; tampoco tendrán derecho a grabar a los policías, limitación denunciada por Amnistía Internacional; los españoles tiene prohibido detener un desahucio o desalojo o cualquier otra acción que lleva a cabo cualquier autoridad o empleado público y si deciden protestar, los involucrados deberán detenerse cuando las autoridades competentes les indique.
Fuente: [ultimasnoticias.com.ve]