La “Ley Seca” de Panamá por el coronavirus estimula el contrabando y el mercado negro

Decenas de consumidores y comerciantes de Panamá fueron detenidos y puestos a disposición de la Justicia durante los últimos días por haber violado la prohibición de distribución, venta y consumo de bebidas alcohólicas en el país centroamericano. La medida había sido ordenada por el presidente Laurentino Cortizo a través del Decreto Ejecutivo 507, sancionado el 24 de marzo, para ser aplicado mientras dure el estado de Emergencia Nacional por el avance del coronavirus.

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“Por ahora, la ley seca se mantiene, a pesar de las afectaciones en cuestiones comerciales y económicas que provoca”, avisó el ministro de Comercio e Industrias, Ramón Martínez, ante las quejas de varios microemprendedores, que advierten sobre el perjuicio que les genera la norma y sostienen que “la ley seca no disminuye la violencia”.

El viceministro de Seguridad, Ivor Pittí, informó acerca del incumplimiento de la prohibición en varias provincias de Panamá y el decomiso de más de 600 cajas de licores -fruto de una operación ilícita-, cerca de la frontera con Costa Rica, el sábado 18 de abril. Las autoridades llevaron a clientes y vendedores infractores ante los jueces de Paz para que determinen las sanciones correspondientes.

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Entre otras disposiciones ordenadas por el Gobierno de Panamá para minimizar el impacto causado por la proliferación del Covid-19, a la ley seca se suman el distanciamiento social, el cierre de clases y de vuelos internacionales, la prohibición de ingreso al país de ciudadanos extranjeros y la obligación de mantener una cuarentena total los fines de semana.

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