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En los últimos días, a raíz de la manifestación pacífica, convocada por la dirigencia estudiantil de nuestro país, y acompañada por miles de venezolanos que creemos en la paz y en la necesidad de manifestar pacíficamente amparados en el artículo 68 de la carta fundamental, a favor de la necesaria garantía de seguridad, salud y educación que debe otorgar nos el Estado, se han suscitado una serie de hechos violentos que condenamos con firmeza. De tales hechos han resultado una importante cantidad de heridos y varios fallecidos. Todos hermanos venezolanos que visten de luto nuestra patria.
A lo largo de estos días, nuestro equipo legal, aliado de las fuerzas democráticas, ha atendido cerca de 300 detenidos en todo el país y decenas de torturados. Estos graves hechos, sin duda alguna son prueba de una brutal represión que rechazamos.
El día de ayer el país vivió un episodio terriblemente oscuro. Fuerzas de seguridad del Estado, acompañadas de grupos paramilitares, arremetieron con saña contra pacíficos e indefensos manifestantes en diversas regiones del territorio nacional, dejando un lamentable saldo de ciudadanos asesinados, gravemente lesionados, torturados y desaparecidos. Igualmente se produjeron diversos ataques contra casas, edificios y otras viviendas familiares. El gobierno violó gravemente los Derechos Humanos de miles de venezolanos.
Estas acciones inaceptables solo son ejecutadas por gobiernos no democráticos. La actuación de la Guardia Nacional y la Policía Nacional conculcan diversos derechos y garantías establecidas en nuestra Constitución, la cual, entre otros aspectos, señala que está terminantemente prohibida la utilización de armas de fuego y sustancias tóxicas en el control de manifestaciones pacíficas. Recordamos que los delitos que violan los Derechos Humanos no prescriben.
Exigimos que los grupos paramilitares que actúan amparados desde el poder sean inmediatamente desarmados. Asimismo, las fuerzas de seguridad del Estado deben apegar su actuación a las normas constitucionales. Las instituciones del sistema de justicia están obligadas a castigar a los culpables de ejecutar delitos que violan los Derechos Humanos de los venezolanos. Lo ocurrido ayer no debe repetirse y no puede quedar impune.
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Asimismo, condenamos la ilegítima ratificación de la detención de Leopoldo López, cuya audiencia fue realizada dentro de una instalación militar, violando así principios relativos a la competencia de los tribunales y del juez natural. Igualmente el principio de legalidad fue consulado, ya que él no ha cometido ningún delito. No existe ni un testimonio, ni una grabación, ni un video, ni un solo elemento de convicción que señale la responsabilidad penal de Leopoldo López. Se trata sencillamente de una vulgar persecución política.
[Fuente: Prensa MUD]