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El grupo Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (Veppex), radicado en Miami (EE.UU.), pidió en una carta a la congresista Ileana Ros-Lehtinen que promueva una ley que «sancione a los funcionarios del régimen venezolano» implicados en violaciones de los derechos humanos.
En la carta, el grupo del exilio solicita a Ros-Lehtinen su intermediación ante el Congreso estadounidense para este fin y detalla los «innumerables casos de abusos y violaciones de derechos humanos por parte de funcionarios del régimen» chavista.
En opinión de Veppex estas «acciones» fueron directamente llevadas a cabo por orden de la «cúpula militar, conjuntamente con (el presidente) Nicolás Maduro y Diosdado Cabello (presidente del Parlamento).
Entre los ocho funcionarios y militares de alto rango señalados por este grupo del exilio figuran el general en jefe Vladimir Padrino López; Justo Noguera Pietri, comandante general de la Guardia Nacional; el jefe de operaciones de la Guardia Nacional, Antonio Benavides Torres, y el general de brigada Manuel Quevedo Fernández.
El objetivo de estas operaciones represivas ha sido, prosigue la carta, «someter a la población venezolana a la opresión de un régimen como el que impera en Cuba», reprimiendo de forma brutal las protestas en la calle.
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La estrategia de Maduro, a juicio de Veppex, pasa por «doblegar» al movimiento estudiantil y a los líderes políticos de la oposición en el país centroamericano, con absoluto desprecio de los «principios y garantías fundamentales consagrados en la Constitución venezolana».
Tras citar varios casos de jóvenes estudiantes y ciudadanos detenidos y golpeados por la Guardia Nacional, denuncia la carta la práctica común de tortura a los arrestados.
Concluye execrando las acciones de las «fuerzas represivas del estado» venezolano y pide a la congresista republicana que «sea la voz de aquellos a quienes hoy el Gobierno venezolano ha silenciado», de los presos políticos «encarcelados injustamente».
Por ello, exhortan en la carta a la congresista por Florida a que les brinde su apoyo en la «búsqueda de sanciones para todos los que han participado directa o indirectamente en la comisión de delitos y violaciones de los derechos humanos en Venezuela»
[Fuente: EFE]