Suscríbete a nuestro canal de Telegram "LeaNoticias" para que estés al día con toda la información sobre Venezuela y España.
El presidente del Concejo Municipal de Baruta y dirigente de Primero Justicia, David Uzcátegui, se refirió a la reciente decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en torno a las inhabilitaciones políticas y exigió al gobierno venezolano acatar la decisión de esta instancia internacional sobre el tema.
“Voy a hablar en nombre de los injustamente inhabilitados de nuestra organización: ¿Cómo no pronunciarnos en este tema que implica la justicia? Hemos recurrido tanto mi persona, como Ramón Valera del municipio Baruta, Shully Rosental, ex concejal del municipio Chacao, Carlos Guillermo Arocha, Will Contreras, actual concejal en Baruta, Nelsón Yáñez también concejal actualmente en Chacao. Formamos parte de la ilegal lista de inhabilitados de este gobierno”, explicó Uzcátegui.
“Hemos recurrido a todas las instancias nacionales y hemos demostrado nuestra inocencia. Siempre lo hemos dicho con la cara en alto, pero se continua violando los artículos 42 y 65 de la constitución, para la inhabilitación política tienen que haber una sentencia definitivamente firme”, enfatizó.
“Leopoldo López como afectado, recurrió a una instancia internacional que está avalada en nuestra constitución como la CIDH. El gobierno se hizo parte de ese juicio, pasaron los años, pero recordemos que se trata de más de 350 personas que estamos en esa lista ilegal, injusta, inconstitucional de inhabilitaciones”.
“Calificamos estas inhabilitaciones como un acto de cobardía del gobierno que a no poder ganarnos en buena lid, recurre a la vía administrativa, y con un juicio express somos sacados de la lista de las personas que pueden postularse a cargos de elección popular”, dijo.
Suscríbete a nuestro canal de Telegram "LeaNoticias" para que estés al día con toda la información sobre Venezuela y España.
“Las inhabilitaciones también son una señal de debilidad del gobierno, al no tener vitrinas en las gestiones regionales que reflejen calidad de vida, por la vía administrativa sacan del juego a personas que si podemos mostrar una gestión”.
“Asimismo son un acto de injusticia porque le quitan la oportunidad al pueblo de elegir a quienes quieran. A través de estas mal llamadas inhabilitaciones políticas se les cercenó la oportunidad a las personas que nos postulamos en el año 2.008 para cargos de elección popular”, indicó.
“El gobierno nacional se hizo parte del juicio en la CIDH, mandó a sus mejores abogados y llegó la decisión: el gobierno se dio un autogol. Podemos decir que se acabó la era del linchamiento político en el país. Culminó esa etapa donde el gobierno decidía mediante un proceso administrativo ilegal e injusto, con quien se quería medir en una gobernación o alcaldía”, aseveró Uzcátegui.
“Desde Primero Justicia saludamos la decisión de la CIDH, al expresar que no se puede prohibir postular a una persona que en el ejercicio de sus derechos decida lanzarse a un cargo de elección popular y que no tenga una sentencia definitivamente firme de un tribunal de la república”.
“Se ha tratado de disfrazar este debate, como una supuesta lucha contra la corrupción. Si el gobierno nacional quiere combatir la corrupción tiene los suficientes mecanismos para atacarla y debería comenzar por adentro, a revisar internamente todos los casos que están engavetados en la Fiscalía, en la Contraloría y en Tribunal Supremo de Justicia, que son públicos y notorios”.
Prensa Primero Justicia