La ola de protestas que recorrió Brasil puso en negro sobre blanco la indignación por la corrupción en Petrobras y la falta de respuestas del gobierno, un guante que fue recogido por la presidenta Dilma Rousseff, quien dijo estar dispuesta a dialogar con «quien sea».
Por primera vez, la mandataria fue el blanco excluyente de todos los dardos lanzados por los cerca de 1,7 millones de personas que salieron el domingo a las calles, hasta hace no mucho patrimonio del gobernante Partido de los Trabajadores (PT, izquierda). Y ese descontento no le ha dado tregua desde que comenzó su segundo período en el palacio de Planalto en enero.
«El gobierno tiene la obligación de abrir el diálogo», dijo durante una conferencia de prensa en Brasilia, en su primera reacción tras las marchas que tapizaron decenas de ciudades del país sin una convocatoria partidaria.
«Cuando las personas se manifiestan en las calles, es obligación del gobierno escuchar”
«Cuando las personas se manifiestan en las calles, es obligación del gobierno escuchar lo que ese acto coloca en la coyuntura», agregó durante una nueva jornada agitada y tumultuosa para su gobierno.
Mientras Rousseff hablaba, la fiscalía de la nación denunciaba al tesorero del PT, Joao Vaccari Neto, por corrupción y lavado de dinero vinculados a la trama de la petrolera estatal. El procurador Deltan Dallagnol detalló que Vaccari había pedido que parte de los sobornos pagados en la red delictiva sean desviados «a través de donaciones electorales», según los testimonios de otros involucrados en el caso.
«Tenemos evidencias de que Joao Vaccari Neto tenía conciencia de que esos pagos fueron hechos a título de soborno», dijo Dallagnol.
De acuerdo con la acusación, el tesorero del partido fundado por Luiz Inácio Lula da Silva habría recibido 24 donaciones en 18 meses por unos 4 millones de reales (hoy 1,2 millones de dólares).
Multitudes
Además de las manifestaciones multitudinarias de este fin de semana, Rousseff debió soportar sólo en marzo abucheos en su propia cara cuando ingresaba a un foro empresarial en Sao Paulo, cacerolazos durante su discurso por el Día de la Mujer y también el domingo de noche, cuando dos de sus ministros daban una respuesta oficial a las marchas. Y ya hay una nueva protesta programada para el 12 de abril.
Popular al inicio de su primer mandato, cuando hizo una «limpieza» de su gabinete despidiendo a media docena de ministros acusados de corrupción, hoy se critica a Rousseff su falta de «cintura política» para gestionar una crisis que es alimentada a raudales por el escándalo en la petrolera estatal, que lanza fragmentos en la alianza gobernante y se acerca cada vez más a la fuerza oficialista.
«La elección del 2014 fue muy apretada y como esa diferencia fue muy pequeña (3,3%), parte de la sociedad ve una menor legitimidad en la victoria. Hay una frustración muy grande desde ese momento electoral, que se potenció con la corrupción y se acumuló sobre el deterioro de la situación económica», dijo Michael Mohallem, politólogo y profesor de la Fundación Getulio Vargas, en Rio de Janeiro.
«Lo importante ahora es que el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial armen una agenda que se ocupe de los reclamos de la gente: corrupción, mayor participación ciudadana y financiación de los partidos políticos», añadió.
La resaca que dejaron las protestas incluye también el factor incertidumbre. Muchos mostraron su angustia por «el futuro» del país en una movilización convocada desde las redes sociales, que no tuvo liderazgo ni agenda política pero superó las expectativas de un gobierno que debió armar un mini gabinete para la ocasión.
Presión en alza
Los que salieron a marchar por las calles de Brasil estaban unidos por el fastidio ante la corrupción en la petrolera, hasta hace poco el orgullo local, pero también reivindicaban pedidos diversos: un juicio de destitución de la presidenta, la salida de jueces de la Corte Suprema y hasta una intervención de las fuerzas armadas.
Pero la mayoría de los datos indican que no hay ambiente ni elementos para un «impeachment» (destitución) de Rousseff.
«La opinión pública entró en el juego. Y ese es el dato más importante», dijo el analista André Cesar.
Al descontento de quienes no votaron al PT se suma el de muchos simpatizantes del gobierno descontentos con el ajuste fiscal en curso para ordenar las cuentas públicas, controlar la inflación y retomar el ansiado crecimiento. Nada fácil cuando alguno de los exdirectivos de Petrobras confesó haber desviado 100 millones de dólares a sus cuentas personales en Suiza.
El lunes, Rousseff insistió con el rumbo: «No voy a dejar de decir a todos que queremos llevar adelante el ajuste».
Fuente [Losandes.com.ar]