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A juicio del economista Pedro Palma, expresidente de la Academia Venezolana de Ciencias Económicas y profesor del Iesa, la nueva Ley de vehículos, que pretende regular los precios, a la larga distorsionará completamente el mercado, dado que estas medidas condenan a los distribuidores a trabajar o a vender a pérdida.
Cuando se establece una norma tan «distorsionada» de precios los productos tienden a desaparecer del mercado, lo que conlleva a «revisar los precios controlados, y entonces permitir aumentos de 40, 50, 60, 70 por ciento» que llevan a un impacto inflacionario muy fuerte sobre el consumidor final, según explicó Palma.
«En la medida en que esa Ley establezca que no puedes vender tu automóvil a un precio convenido con el comprador sino al precio que dice el gobierno, no puedes asegurar tu automóvil sino al precio que te dice el gobierno». Además, el economista explicó que si la persona tiene un siniestro, el seguro solamente cubrirá un monto totalmente «marginal», lo que ocasiona una pérdida muy grande.
Esta situación no sólo llevará a que desaparezcan los automóviles del mercado, sino que dará pie a que aparezca un mercado secundario en el cual «los involucrados se pondrán de acuerdo en registrar el automóvil con el precio que manda la ley, pero paralelamente el comprador depositará en una cuenta específica la diferencia, que llevará al verdadero valor del auto.
Como consecuencia, a la persona que adquiera ese bien el seguro le reconocerá ese precio y no el que realmente pagó», explicó Palma.
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No obstante, la decisión de introducirse en un mercado paralelo sería difícil, ya que existe la posibilidad de controlar a las empresas de seguros y estas «muy probablemente, no estarán dispuestas a hacer un seguro de segunda instancia» para cubrir la diferencia pagada por el automóvil.
Finalmente, Palma destacó que «no hay una política anti inflacionaria bien estructurada», por lo que recomendó atacar el problema inflacionario que existe, actualmente, comenzando por la disciplina monetaria y la disciplina fiscal.
«La cantidad de dinero masivo que está inyectando el gobierno, a través de un gasto público completamente dislocado, está aumentado la oferta monetaria» de una forma desproporcionada, lo que genera la gran inflación que tiene el país.