El «abc» para una recuperación económica y política posible en España

Menos Estado, menos políticos y menos impuestos. Y un código del buen gobernante. Alrededor de estas tres medidas económicas, y bajo el paraguas de una política más transparente y honrada, descansarían el resto de medidas que el Gobierno de Mariano Rajoy debería poner en marcha si quiere recuperar la confianza de los ciudadanos. Y, sobre todo, de sus votantes. Al Partido Popular le queda apenas un año para convencer de que siguen siendo la solución para que España continúe caminando por la senda del incipiente crecimiento y de la creación de empleo.

La primera misión al llegar a Moncloa era enderezar el rumbo perdido de la economía. Ahora España ya no está en recesión. El empleo comienza a despuntar. Pero la tasa de paro sigue siendo el gran caballo de batalla, aún roza el 24%, por lo mantener el pulso reformista parece ineludible para invertir la situación. Y, de paso, corregir la desmotivación y desesperanza que sufre la ciudadanía.

Soraya Sáenz de Santamaría y Mariano Rajoy, en el Congreso

Urge luchar contra el desencanto de los españoles, ya palpable en las elecciones europeas del pasado 25 de mayo. El Gobierno entonces dijo que se había puesto manos a la obra al percibir que ese «desencanto» de sus votantes se encontraba en las medidas económicas contra la crisis. También admitía entonces que otros asuntos «políticos» -como el «caso Bárcenas»- estarían entre las causas de la altísima abstención.

Asuntos no eminentemente políticos, porque también son económicos, que en los últimos meses se han multiplicado: el caso de los ERE de Andalucía; las tarjetas «B» de Caja Madrid; las más de 50 detenciones en Madrid, Valencia, Murcia y León, de políticos en la «Operación Púnica» por presuntos delitos de blanqueo de capitales y falsificación de documentos; el caso de la familia Pujol… un suma y sigue que parece no tener fin.

Los casos de corrupción son el pan de cada día con lo que esta situación convulsa supone para la economía. Asuntos que no solo deterioran la confianza de los ciudadanos sino también la de los inversores internacionales, que ven peligrar la seguridad jurídica y que son una pieza importante del crecimiento económico.

Sistema institucional sólido

Seis prestigiosos economistas -José María Gay de Liébana, Santiago Carbó, Daniel Lacalle, José Ramón Pin Arboledas, José Ignacio Sanz y Rafael Pampillon-, han analizado la actual situación en España desde que estallara la crisis así como los últimos acontecimientos políticos y sus consecuencias sobre la economía. Y desgranan para ABC Empresa las medidas que el Gobierno debe poner sobre la mesa para que los ciudadanos vuelvan a confiar en la política y sus políticos.

Coinciden todos los expertos en que para poder mantener el crecimiento económico se necesita estabilidad política y contar con un sistema institucional sólido y creíble. Se precisan, por tanto, medidas directas y eficaces para controlar la corrupción y volver a mostrar a los españoles y a los mercados internacionales que España es una economía en la que merece la pena confiar.

Pero, sobre todo, piden redimensionar el tamaño de las administraciones públicas, la gran reforma prometida que está aún por llegar en España. Daniel Lacalle lo ve así: «Cortar gasto político y superfluo, subvenciones y excesos de burbuja, es prioritario. España ha aumentado el gasto público un 48% entre 2004 y 2009 y solo lo ha reducido ligeramente un 5% desde 2010. Los que defienden “ser flexibles con el déficit” deben explicar cómo van a endeudar España en más de 80.000 millones anuales, que es una locura. Las soluciones no van a venir de las mismas políticas de gasto inútil e intervencionismo que destruyeron 3.000.000 de puestos de trabajo. Se puede hacer mucho más, financiación bancaria, vía ICO u otras fórmulas».

Reducir el Estado, y reducir el número de políticos, que -según el profesor José Ramón Pin Arboledas- deben pasar un examen de idoneidad profesional y ética por comisiones parlamentarias asesoradas por expertos independientes para cargos públicos significativos. Además de «crear un organismo que vele por la transparencia de las administraciones, elegido por las cámaras con mayoría de dos tercios entre expertos que lo ostentarán de forma vitalicia, para asegurar su independencia, como el Supremo de Estados Unidos».

Al final, se trataría de hacer una reforma de calado de la estructura política que no implicaría reducir los niveles administrativos sino aligerar la presencia política para hacerlos operativos pero no sobrecargados (tanto en estructura como, precisamente, en cargos). «Eso sí -explica Santiago Cargó-, implica asumir que gran parte de los que viven de la política dejaría de hacerlo y, por lo tanto, habrá que superar una fuerte resistencia de los aparatos de los partidos. Pero los ciudadanos lo verían como un ejemplo de esfuerzo por arriba, de esos que se han visto pocos».

Para Rafael Pampillón, dado que tenemos que disminuir la financiación pública, aboga por la reducción del gasto improductivo, las duplicidades administrativas, la burocracia excesiva y, en definitiva, el derroche; para poder mantener un nivel adecuado de gasto que beneficie y merecen los ciudadanos como la educación, la sanidad y el control del fraude fiscal.

El empleo pendiente

Medidas que redundarían en solucionar el gran problema que tiene España: el paro. De hecho, la preocupación de todos los expertos es también el empleo. Una empleabilidad que no va a venir de una administración «hipertrofiada» -apunta Lacalle- que consume casi el 45% de los recursos del país (PIB) y donde el gasto en empleo público supone un 11,9% del PIB superando la media del conjunto de países desarrollados, del 11,3%.

Coinciden, en definitiva, en que algunas de las medidas que habría que poner en marcha en España estaban ya en la mente del actual Gobierno, en su programa electoral, pero debido a la herencia recibida todo se trastocó. Ahora, toca ponerlas en marcha sí o sí.

Fuente [Abc.es]