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La crisis económica escala a pasos agigantados en el país con la obligatoria cuarentena para intentar contener la curva de contagios del coronavirus, y el riguroso racionamiento de combustible que mantiene el gobierno. La situación ha hecho que sectores de servicios, producción y comercio estén en completa emergencia, como en el caso de más de cinco mil trabajadores del transporte públicos en Lara, que tienen un mes encerrados en sus casas, sin salarios para sobrevivir, y piden a gritos medidas de ayuda económica para seguir aguantando el confinamiento.
Carlos Méndez, director del Sindicato Automotor en la entidad, alega que este escenario de letargo financiero en medio de la emergencia sanitaria, está causando estragos en familias que dependen del trabajo diario para poder comer. “El gobierno ha dicho que nos otorgará subsidios para comprar alimentos más baratos, pero nada de eso se ha concretado. Hasta ahora están aplicando un plan piloto permitiendo que circulen las unidades que funcionan con gas y gasoil, pero eso representa el 30% de las 1.500 unidades privadas que existen en Lara”, expresó.
Desde la gobernación informaron que diariamente laborarán 20 unidades desde el kilómetro 16 vía Quíbor hasta la redoma del Obelisco al oeste, y que progresivamente irán incorporando nuevas rutas que deben cumplir con las medidas de prevención como incentivar el distanciamiento social y el uso del tapabocas, pero nada de estas acciones logran tranquilizar a los chóferes y colectores, porque alegan que el problema de raíz que los mantiene con los brazos atados es la escasez de gasolina.
Así como le ocurre a los transportistas, están afectados los pocos trabajadores de la construcción que quedaban activos. Ronald Arias, presidente de la Cámara de la Construcción en el estado, alega que el sector está a punto de sucumbir. “Si antes del 13 de marzo cuando se registró el primer caso de COVID-19 en el país ya había una paralización del 95% del sector, ahora es total sin expectativas de que saliendo de la pandemia el sector arranque rápidamente. Las medidas que ha aplicado el gobierno en el ultimo mes ha hecho que más de mil trabajadores queden desprotegidos de ingresos diarios.
El sector ya venía arrastrando problemas graves para funcionar como los más de un millón 300 mil empleos calificados que se perdieron en los últimos años por la crisis económica que impulsa la hiperinflación, por las fallas en el sistema eléctrico y de servicio de agua y por la escasez de materia prima y áreas comerciales relacionadas con la construcción, al igual que la falta de inversión que dejó de hacer el gobierno nacional para ejecutar obras de gran envergadura. Ahora la Cámara Venezolana de la Construcción exige que se cree un gobierno de unidad nacional para contener el impacto que ocasiona la emergencia sanitaria.
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Desde la Cámara Venezolana de la Construcción han exigido al gobierno que en medio del peor escenario económico y sanitario que le ha tocado enfrentar a la nación, deje de lado sus dogmatismos, y comiencen a pensar en la población que necesita conservar sus empleos e incrementarlos, y se tome en cuenta al sector privado para crear soluciones factibles.
Aunque los sectores priorizados como alimentación tienen permitido laborar a pesar de las restricciones de movilidad, municipios rurales enteros están igual que los sectores deben permanecer paralizados temporalmente. “Hay municipios rurales enteros donde no ha llegado ni una gota de combustible y la quiebra de las unidades productivas es total”. resaltó.
Por Ana Uzcátegui | LA PRENSA de Lara
