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El Gobierno panameño se mostró este jueves dispuesto a hacer valer sus derechos para que la ampliación del Canal de Panamá sea terminada según lo dispuesto en el contrato por el consorcio a cargo, que ha amenazado con suspender la obra debido a «sobre costos» que cifró en u$s1.625 millones.
Las autoridades panameñas expresaron que esperan que el Grupo Unidos por el Canal (GUPC), que lidera la española Sacyr, «recapacite en su propuesta de suspender» este mes la ampliación, ya que esa decisión significaría un nuevo retraso de la obra y también un perjuicio para los contratistas.
El GUPC, que además de Sacyr integran la italiana Impregilo, la belga Jan de Nul y la panameña CUSA, envió el pasado 30 de diciembre una carta de preaviso a la ACP en la que anunció que suspenderá la construcción del tercer juego de esclusas en 21 días ante la falta de respuesta por parte de esa Autoridad de sus reclamaciones económicas.
El presidente panameño, Ricardo Martinelli, dijo este jueves que España e Italia tienen una «responsabilidad moral» en el conflicto, por lo que exigirá a ambos gobiernos que hagan que las empresas española e italiana involucradas cumplan con el contrato.
Yo voy a ir a España e Italia a exigirle a estos gobiernos, porque no puede ser que una empresa meta una cantidad enorme de sobre costos en una obra de ampliación, que es una obra de la humanidad, que cuando ellos licitaron pusieron un precio y ahora van a venir con el cuentito de que están subiendo los precios», declaró el mandatario.
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Debido a ese anuncio, el gobierno de España dijo estar dispuesto a mediar entre Sacyr y las autoridades panameñas para resolver el conflicto contractual que amenaza la ampliación.
«Yo le confirmé (a Martinelli) que, efectivamente, el gobierno español está dispuesto a mediar, que el gobierno español ha estado siguiendo desde el primer momento muy de cerca este proceso, y ya incluso antes hemos estado intentando mediar entre las partes», dijo el embajador español en Panamá, Jesús Silva.
Explicó que el Ejecutivo español estudia «la posibilidad de que la ministra de Fomento, Ana Pastor, o alguna personalidad del Gobierno se dirija en los próximos días a Panamá para intentar apoyar esta mediación que se está haciendo tanto desde la embajada como directamente desde España».
«Creo que hay posibilidades para el diálogo, y yo espero que se concrete en los próximos días», añadió el diplomático, que resaltó que la carta de preaviso enviada por el consorcio internacional es una «formalidad contractual».
El administrador de la ACP, Jorge Quijano, dijo que espera que en los próximos días el GUPC «recapacite en su propuesta de suspender la obra», porque lo conveniente tanto para los contratistas como para el Canal es «completar la obra dentro de lo pactado».
Sostuvo que el consorcio debe apelar a los canales establecidos en el contrato para las reclamaciones: presentarlas en primera instancia a la ACP, en segunda ante la Junta de Resolución de Conflictos (DAB, por sus siglas en inglés) y en tercera ante un arbitraje internacional.
El GUPC se adjudicó el proyecto de ampliación por un valor global de u$s5.250 millones, de los cuales u$s3.118 millones corresponde al contrato para la construcción de las nuevas esclusas que permitirán duplicar la carga que pasa por la vía.
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Quijano afirmó que el consorcio no ha podido «justificar» ante el Canal los supuestos sobrecostos por más de u$s1.600 millones, que representan el 50% del contrato de las nuevas esclusas.
Recalcó que el contrato firmado por las partes es «de precio fijo», y que las únicas cláusulas que permiten «ajustes» son una por aumento de precios de rubros como el acero, el diesel, el cemento, y otra por alza de la plantilla panameña, conceptos por los cuales la ACP ya ha pagado u$s160 millones, alrededor del 5% del monto de contrato.
Pero el reclamo global por 1.625 millones de dólares «está totalmente fuera de escala, estamos hablando de un (costo adicional igual) al 50 % del costo de la obra. ¿Quién se equivoca por el 50% de la obra?», se preguntó Quijano.
Quijano afirmó que el contrato establece mecanismos que garantizan la culminación de la obra aunque el consorcio lo abandone, que incluyen una «carta de fianza» por 600 millones de dólares en manos de una aseguradora con la que la ACP mantiene «comunicación constante» desde noviembre pasado para activarla en caso de ser necesario.
La carta de fianza permite que la misma aseguradora «asuma el proyecto y lo termine». La otra posibilidad es que la aseguradora pague a la ACP y esta culmine la obra a través de subcontratistas, añadió el administrador.
«Yo espero que eso no sea necesario, espero que sean más sensatos» los contratistas, «creemos que aún hay camino para recapacitar por parte de ellos», añadió.
El programa de ampliación del Canal registra un avance total del 72%, mientras que la construcción de las nuevas esclusas uno de 65%, informó este miércoles la ACP.
[Fuente: infobae.com]