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El Gobierno de Argentina rechazó hoy las denuncias que alentaron una investigación judicial para determinar si la presidenta Cristina Fernández incurrió en delito por la firma de un decreto que supuestamente beneficiaría a la petrolera estadounidense Chevron.
El jefe de Gabinete argentino, Jorge Capitanich, atribuyó hoy a “agentes internos y externos” que pretenden “afectar” los “intereses” de Argentina.
“No es casualidad que existan agentes internos y externos que pretendan, vía acciones judiciales, afectar el interés estratégico de Argentina”, dijo Capitanich en una rueda de prensa.
El jefe de Gabinete subrayó que “resulta extraño este tipo de acciones judiciales” al ser consultado por la decisión de la Cámara Federal de Buenos Aires de investigar si hubo irregularidades en el acuerdo con Chevron para la explotación de hidrocarburos no convencionales en la formación de Vaca Muerta, en la sureña provincia argentina de Neuquén.
“Pueden investigar todo lo que quieran investigar. Los sistemas de negociación son claros y transparentes en base a usos y costumbres en materia de legislación local e internacional no vulnerando ni la Constitución ni las leyes que reglamentan su ejercicio”, aseguró el jefe de Gabinete.
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Capitanich negó que la decisión judicial vaya a alterar la política del Gobierno argentino y sostuvo que continuarán “promoviendo inversiones para garantizar la producción de gas y petróleo en la República Argentina” para distribuir la riqueza generada con esos recursos.
“Pretenden gobiernos débiles que no tengan capacidad regulatoria para que no puedan distribuirse los recursos”, concluyó Capitanich.
Poco después, en declaraciones a Radio Del Plata, el funcionario sostuvo que la denuncia “tiene una clara y manifiesta intencionalidad política”.
También el secretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli, se refirió hoy al tema para puntualizar que la denuncia no afecta directamente a la presidenta, sino que se refiere a un decreto firmado por ella.
“Es una denuncia por la firma del decreto que reglamenta el régimen de las inversiones hidrocarburíferas en las áreas no convencionales”, manifestó.
“La presidenta firmó un decreto, no firmó ningún acuerdo con Chevron. Quieren sembrar dudas y suspicacias para ensuciar a la presidenta. No hay ninguna acusación ni nada”, dijo en declaraciones a radio La Red.
La Sala II de la Cámara Federal de Buenos Aires anuló ayer el dictamen del fiscal Eduardo Taiano, que había desestimado una denuncia de un grupo de diputados opositores contra la presidenta, por los presuntos delitos de “abuso de autoridad, incumplimiento de deberes de funcionario público y daño ambiental en grado de tentativa”.
[Fuente: peru21.pe]
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