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Decenas de consumidores y comerciantes de Panamá fueron detenidos y puestos a disposición de la Justicia durante los últimos días por haber violado la prohibición de distribución, venta y consumo de bebidas alcohólicas en el país centroamericano. La medida había sido ordenada por el presidente Laurentino Cortizo a través del Decreto Ejecutivo 507, sancionado el 24 de marzo, para ser aplicado mientras dure el estado de Emergencia Nacional por el avance del coronavirus.
«Por ahora, la ley seca se mantiene, a pesar de las afectaciones en cuestiones comerciales y económicas que provoca», avisó el ministro de Comercio e Industrias, Ramón Martínez, ante las quejas de varios microemprendedores, que advierten sobre el perjuicio que les genera la norma y sostienen que «la ley seca no disminuye la violencia».
El viceministro de Seguridad, Ivor Pittí, informó acerca del incumplimiento de la prohibición en varias provincias de Panamá y el decomiso de más de 600 cajas de licores -fruto de una operación ilícita-, cerca de la frontera con Costa Rica, el sábado 18 de abril. Las autoridades llevaron a clientes y vendedores infractores ante los jueces de Paz para que determinen las sanciones correspondientes.
Entre otras disposiciones ordenadas por el Gobierno de Panamá para minimizar el impacto causado por la proliferación del Covid-19, a la ley seca se suman el distanciamiento social, el cierre de clases y de vuelos internacionales, la prohibición de ingreso al país de ciudadanos extranjeros y la obligación de mantener una cuarentena total los fines de semana.
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