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Las recientes propuestas de despenalización del cannabis y del mascado de hoja de coca formuladas por países latinoamericanos son vistas con preocupación y rechazo por la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefaciente (JIFE), según se recoge en un informe presentado hoy.
En su análisis anual sobre la lucha contra el narcotráfico correspondiente a 2012, este órgano del sistema de Naciones Unidas menciona tanto las sugerencias sobre el cannabis realizadas por países centroamericanos como el proyecto de ley debatido en Uruguay y la legalización del mascado de coca en Bolivia.
En el capítulo dedicado a América Central y el Caribe, la JIFE advierte de que sigue con preocupación «el llamamiento hecho en altas instancias en favor de la legalización de drogas ilícitas, basado en la presunción de que la despenalización del tráfico reduciría la violencia conexa».
Aunque no menciona al presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, ni a su homóloga costarricense, Laura Chinchilla, el informe advierte de que este tipo de propuestas parecen «incompatibles con las obligaciones que incumben a las partes en los tratados de fiscalización internacional de drogas».
El reporte sí señala claramente al Gobierno de Uruguay por su decisión de someter a debate parlamentario que el Estado regule la comercialización de cannabis.
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«En caso de aprobarse, la ley estaría infringiendo los tratados de fiscalización internacional de drogas en los que el Uruguay es parte», especifica el documento de la JIFE.
Esta oficina también critica la decisión de Bolivia de abandonar la Convención Antidroga de la ONU para retornar con una reserva que excluye el mascado de hoja de coca de las actividades prohibidas.
«La reserva propuesta por el Estado Plurinacional de Bolivia es contraria al objeto y al espíritu fundamentales de la Convención de 1961», dice la JIFE, que teme que este caso pueda sentar un precedente que ponga en peligro «a la larga el propio fundamento del régimen de fiscalización internacional de droga».
Respecto a la producción de drogas, la cocaína sigue siendo el principal problema en Latinoamérica.
El informe indica que en 2011 la superficie total cultivada en Suramérica fue de 153.700 hectáreas, una leve disminución respecto a las 154.200 registradas en 2010.
El tráfico de esta droga hacia los mercados del norte del continente, principalmente de Estados Unidos, sigue creando graves problemas de seguridad en México y en la región centroamericana, donde está aumentando el poder de las bandas de narcotraficantes.
«El narcotráfico ha corrompido a algunas de las instituciones públicas, desbordadas en varios casos ante los recursos desplegados por las organizaciones de traficantes», describe la situación en Centroamérica la Junta.
En ese sentido, advierte de que estos grupos «han seguido introduciendo innovaciones en sus actividades de contrabando de drogas hacia la región y dentro de esta, como, entre otras cosas, el uso de embarcaciones sumergibles y semisumergibles para pasar drogas de contrabando de América del Sur a lo largo de la costa de América Central hacia los mercados del norte».
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La JIFE indica que la llamada «Operación Martillo», puesta en marcha conjuntamente por países de Europa y América para detener ese flujo, permitió en 2011 la incautación de 119 toneladas de cocaína, valoradas en 2.350 millones de dólares, antes de que entraran en Estados Unidos.
En relación al consumo, la JIFE advierte de que el uso de la cocaína ya no es un fenómeno que afecte solo a los países del norte y algunos del Cono Sur del continente, sino que se ha extendido a toda América Latina y el Caribe.
Así, la Junta menciona datos del periodo 2002-2009 que hablan de que el 27 por ciento de los consumidores de cocaína del hemisferio se encontraban en Suramérica.
Se calcula que la prevalencia en esta región se mantuvo en 2010 en torno al 0,7 por ciento de la población.
EFE