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La Presidente anunció que llevará a la Justicia a la empresa Donnelley por entender que su quiebra esconde un fraude. Especialistas consultados por Infobae criticaron la medida y explicaron en qué consiste su aplicación
Cristina Kirchner sorprendió al anunciar que por primera vez se aplicará la denominada ley antiterrorista, una controvertida norma que al momento de sancionarse recibió cuestionamientos incluso desde el seno del oficialismo. Será contra la imprenta Donnelley, que esta semana anunció su cierre.
En un acto en la Casa Rosada, la Presidente objetó el proceso de quiebra que antecedió al cierre y sugirió que la medida no respondía a cuestiones económicas sino a la intención de » crear una situación de zozobra con tal de ver a un gobierno de rodillas». Por ese motivo, anunció que el Gobierno ha «presentado la denuncia por alteración al orden económico y financiero».
La ley 26.734 se sancionó en diciembre de 2011 e incorpora como agravante a todos los delitos del Código Penal su comisión con la finalidad de aterrorizar a la población u obligar a las autoridades públicas a realizar un acto o abstenerse de hacerlo. Rige una excepción para cuando los hechos «tuvieren lugar en ocasión del ejercicio de derechos humanos y/o sociales o de cualquier otro derecho constitucional».
El inciso a del artículo 309 del Código Penal, citado ayer en la denuncia del Gobierno, indica que será reprimido con prisión de uno a cuatro años de cárcel el que «realizare bajo transacciones u operaciones que hicieren subir, mantener o bajar el precio de valores negociables u otros instrumentos financieros, valiéndose de noticias falsas, negociaciones fingidas, reunión o coalición entre los principales tenedores de la especie, con el fin de producir la apariencia de mayor liquidez o de negociarla a un determinado precio».
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Además la norma habilita a la Unidad de Información Financiera (UIF), a cargo de un funcionario nombrado por el Poder Ejecutivo, a disponer el congelamiento de activos -en este caso de una empresa privada- con el único deber previo de comunicárselo a la Justicia.
Enfoque Rojo
Su aplicación en este caso despertó críticas entre especialistas porque el espíritu de la ley no coincide con el sentido que expresó ayer la jefa de Estado durante su discurso en Casa de Gobierno. «Me parece de terror, un disparate», reaccionó el constitucionalista Félix Loñ ante la consulta de Infobae. «Era previsible que la ley antiterrorista iba a aplicar en circunstancias que en nada tenía que ver con el terrorismo».
Loñ consideró que la Presidente se «atribuye funciones judiciales al decir que la quiebra es fraudulenta cuando eso es un tipificación que solo la puede determinar un juez». Y añadió que esa decisión «viola la división de poderes».
El jurista evaluó también que «la actitud de lo que hace es ahuyentar a los capitales». Y estimó que impactará en otras multinacionales que operen en el país.
La impresión de Loñ respecto a las consecuencias económicas de la aplicación de la ley fue compartida por José García Hamilton, abogado especializado en derecho internacional económico. «Amenazar con aplicar la ley no va a ser bien visto para las empresas nacionales e internacionales», remarcó.
«LA LEY ANTITERRORISTA NO LE DA LA BIENVENIDA A LAS INVERSIONES. ARGENTINA DEBERÍA GENERAR SEGURIDAD JURÍDICA»
García Hamilton analizó por otro lado que antes de hacer una denuncia como la del Gobierno hay que estar muy seguro de las pruebas y atender, además de la situación fiscal -mencionada por Cristina-, al estado de las cuentas, que pueden motivar un cierre.
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Por su parte, el también constitucionalista Gregorio Badeni no dudó en calificar como «un despropósito aplicar una ley que no se vincula en modo alguno con gravísimos atentados de la población, sino contra maniobras económicas».
Remarcó que si una empresa privada prevé que su situación económica se encamina al fracaso está en su derecho a presentarse en quiebra y será el juez el que evalúe las condiciones. «De ahí a presumir que una empresa cierra para generar la intranquilidad de la sociedad hay una distancia muy grande», acotó.
«Lamentablemente en los últimos meses Argentina dejó de ser un país seguro para las inversiones. Entonces algunas empresas se van», analizó el jurista. Y observó que la aplicación de la ley «tiene un mensaje para otros inversionistas: lo que le están diciendo es que si se quieren ir van a someterse a procesos». «El error es que en vez de amenazar y sancionar no intenten crear las condiciones para que las empresas que llegaron al país puedan seguir», completó.
El constitucionalista Daniel Sabsay también dijo que la aplicación de la ley antiterrorista a nivel local «es muy inquietante» y que «se trata de un instrumento absolutamente propio de un sistema autoritario».
«La ley prevé el agravamiento de cualquier delito cundo el hecho que genera el delito fue llevado a cabo con la finalidad de atemorizar a la población o de impedir que las autoridades públicas realicen un acto o compelerlos a que lo realicen», explicó.
Sabsay aseguró que «son dos figuras de tal amplitud que cada uno puede interpretarlas como más les convenga; este tipo de figuras son contrarias a las bases del sistema penal, en un sistema constitucional de derecho».
«SE TRATA DE UN INSTRUMENTO ABSOLUTAMENTE PROPIO DE UN SISTEMA AUTORITARIO»
«La finalidad de aterrorizar o de compeler a la autoridad es algo absolutamente abstracto, que lleva a lo que se considera una suerte de ley penal en blanco; es decir que por esa labilidad de la expresión, cualquiera puede llenar el blanco con lo que más le convenga, lo que ahora está pasando», añadió.
En declaraciones a Radio Mitre, el constitucionalista consideró además que los medios que publicaron la noticia podrían ser también acusados como partícipes necesarios. «Esto se transforma en una espada de Damocles que pende sobre la cabeza de cualquiera de nosotros, porque llegado el caso, aquellos que no convengan a la autoridad vamos a ser demandados con una denuncia penal por querer atemorizar a la población», dijo.
A su entender, también da potestades judiciales ya que «la ley habilita a la UIF a congelar activos con la finalidad, dice, de ponerlos a disposición del juez; pero es solo un juez el que puede congelar un activo, no un organismo que depende del Poder Ejecutivo.
Fuente [Infobae.com]