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En días pasados vimos cómo el gobierno pretende eliminar a quien le estorba; lo grave es que utiliza a los Poderes Públicos para que se cumplan los caprichos de una persona que ha demostrado ser el peor dirigente del país en toda la historia de Venezuela.
Escasez, inseguridad y alto costo de la vida es lo que intenta esconder el Estado a través de la persecución política. En esta oportunidad, le tocó nuevamente a María Corina Machado, quien considero que para el gobierno, su mayor delito fue haberle dicho al ex presidente Chávez, en su cara, que expropiar es robar.
Ya tenemos 16 años de anarquía, donde las autoridades y representantes del oficialismo han hecho lo que les ha dado la gana, violando e irrespetando la Constitución y las Leyes, y lo que es más grave aún, atropellando y humillando constantemente al pueblo venezolano.
Este régimen sólo pretende tener una oposición sumisa que no alce su voz en defensa de los ciudadanos, que no discuta los problemas de los venezolanos, en fin que no hagamos política.
Así lo hemos visto con el permanente asedio que le han hecho a Machado. Siempre buscando una excusa y argumentos donde no existen. De hecho, hablaron de imputarla por un supuesto delito de magnicidio y al acudir a la Fiscalía la terminan inculpando por una supuesta conspiración.
Ahí se observa que no se ponen de acuerdo a la hora de perjudicar a una venezolana que llegó a la Asamblea Nacional con la mayoría de los votos, porque así lo decidieron los electores. Mientras que vemos casos como el del Diputado Diosdado Cabello, quien salió escondido en una lista por Monagas, después de haber sido derrotado en Miranda por incapaz.
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Por eso este régimen le pasa una nueva factura a María Corina, por el simple hecho de elevar su voz, por no arrodillarse como la mayoría de nuestros parlamentarios.
No debemos olvidar que fue expulsada de la Asamblea Nacional de la manera más aberrante e inconstitucional, luego de haber intentado una campaña de descrédito contra la ex Diputada, a través de un audio editado y presentado por los dirigentes del PSUV, Jorge Rodríguez y Ernesto Villegas. Aberración jurídica que consumó el TSJ cuando la despojó de su investidura legítimamente ganada en las elecciones parlamentarias del 2010.
A todas luces, todo esto se trata de un objetivo estratégico por mantener el poder a costa de lo que sea; por tal razón, buscan la manera de mantener a los venezolanos distraídos persiguiendo a la dirigencia que -como dicen en mi pueblo- le ronca en la cueva al gobierno.
Por Omar Ávila