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Los casos de los usuarios sancionados por Cadivi por cometer supuesto ilícito cambiario a través de la tramitación de solicitud de divisas para viajes, ya se encuentran en manos del Ministerio Público para continuar la investigación. Se conoció que unas 300 personas ya han sido citadas por las 22 Fiscalías Anticorrupción del país para tomar declaración.
El pasado lunes el presidente de la Comisión de Administración de Divisas, Manuel Barroso, anunció que desde 2010 unas 90.000 personas han incurrido en irregularidades para obtener los dólares preferenciales, utilizando para ello distintas modalidades.
Entre las formas que el organismo detectó para cometer los fraudes cambiarios, el funcionario indicó que pasan desde la emisión de boletos de viaje falsos y la suspensión del viaje hacia el exterior luego de haberse recibido las divisas por parte del operador cambiario y/o haber utilizado la tarjeta de crédito fuera del país.
En una comunicación enviada por Cadivi a aquellos usuarios a los cuales se les abrió un expediente por cometer algún tipo de falta, se les notifica que al concluirse los procedimientos administrativos por la Comisión y confirmar la suspensión preventiva del acceso al Sistema de Control de Administración de Divisas para tramitar Solicitudes de Autorización de Adquisición de Divisas destinadas al pago de consumos en el extranjero, se remiten los expedientes del caso a la Fiscalía General de la República.
El organismo igualmente informa que estos usuarios sancionados podrán interponer recurso de reconsideración ante Cadivi, dentro de los 15 días hábiles siguientes al recibo de la notificación o interponer demanda de nulidad contra la decisión adoptada antes las cortes de lo Contencioso Administrativo, en el plazo de 180 días continuos.
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Cadivi había informado que entre 2010 y 2011 se les inició a 87.215 usuarios procesos administrativos por presentar irregularidades que se constituyen en presuntos ilícitos cambiarios.
No obstante, según lo dicho por Barroso el pasado lunes, durante este año se sumaron a esta lista negra unas 2.785 personas.
Fuentes del Ministerio de Finanzas indicaron que el monto defraudado ante la Comisión asciende a 6 millones de dólares, por concepto de solicitudes de divisas en efectivo realizadas este año.
El procedimiento
La investigación administrativa se inicia a partir de la verificación de los datos del usuario. Si el organismo confirma a través del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) que no presentaron movimientos migratorios para el período evaluado, comienza la presunción de la irregularidad.
Igualmente esperan la notificación del operador cambiario de si el boleto presentado es falso, por lo que se presume la comisión del fraude de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley Contra los Ilícitos Cambiarios.
Cadivi otorga un plazo a la persona para que consigne la documentación solicitada (copia del pasaporte y visa, original y copia de las facturas de los consumos en el exterior, copia del pasaje aéreo, entre otros); si no acude se «propone concluir los procedimientos administrativos iniciados por esta Comisión».
Acto seguido, se suspende al usuario para realizar nuevas solicitudes y el expediente es enviado a la Fiscalía.
Derecho a la defensa
Hasta la fecha no existe caso alguno que ya haya sido procesado por los tribunales. Como se recordará la ley establece sanción de pena de cárcel de entre 2 a 7 años por incurrir en algún ilícito cambiario.
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Algunos usuarios han alegado que desconocían el uso de su cupo en el exterior a través de su tarjeta de crédito, situación que conocieron cuando fueron notificados para declarar ante los fiscales.
A juicio del presidente de Anauco, Roberto León Parilli, Cadivi ha demorado en la investigación de los casos, ya que usuarios que fueron bloqueados en 2010 ahora es que son notificados del pase de sus casos a la Fiscalía.
«Lo que pedimos es que las personas tengan el acceso al debido proceso y el derecho a la defensa, es decir, que no sean sanciones unilaterales. Se hace muy cuesta arriba comprobar algo de vieja data cuando ya no cuentas con los elementos para la defensa, como en este caso, las facturas».
Considera que siempre se crearán modalidades de fraude cuando existen controles, «cuando se tiene un dólar represado o de difícil acceso se generan mecanismos para la especulación y la corrupción. No estoy en contra de los controles, pero sí de los controles férreos. El Estado debe supervisar y hacer fiscalizaciones previas y posteriores».
León Parilli resalta que estas notificaciones son el comienzo de un nuevo proceso. «Siempre le hemos aconsejado a los usuarios que si usaron sus divisas debidamente y están siendo cuestionados, se defiendan, que acudan a Cadivi cuando sean convocados y notificados, porque estamos ante un ilícito que tiene sanciones penales y que en cualquier momento lo pueden reactivar».