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El decreto firmado por el presidente señala que esos establecimientos "tendrán el plazo máximo improrrogable" de seis meses, contados a partir de la publicación del texto en el registro oficial, "para el cese de sus actividades de negocio o comerciales y consiguiente cierre".
La ordenanza también dispone la clausura inmediata de las salas de juego ilegales, y ofrece a los trabajadores que quedarán desocupados capacitación y facilidades para su reinserción laboral.
La prohibición de los casinos fue decidida por los ecuatorianos en un referendo propuesto por el mandatario, que además logró un aval para aplicar medidas destinadas a reformar la justicia y regular la prensa.
Unas 3.200 personas trabajan en los 32 casinos constituidos legalmente en el país, donde la ley autoriza su funcionamiento sólo en hoteles cinco estrellas, según la Asociación de Casinos y Bingos (Ascabi).
Esa entidad había planteado al Ejecutivo que le concediera hasta cinco años de gracia para recuperar unas inversiones que calcula en 180 millones de dólares -realizadas mayoritariamente por firmas extranjeras- o el pago de una indemnización que debería "traer a valor presente" ese monto.
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AFP