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Activistas piden al presidente Hamid Karzai que no ratifique la normativa aprobada en el Congreso para prohibir el interrogatorio a los familiares de maltratadores. Cuestionan los casamientos obligados.
«No podemos aceptar esa ley, ya que facilitará las cosas a aquellos que atentan contra las mujeres, y los derechos de ellas serán rebajados aún más», afirmó María Akrami, directora de un centro de apoyo a la mujer en Kabul.
La normativa prohíbe a las autoridades judiciales interrogar a los familiares de un acusado por violencia doméstica. La ONG estadounidense Human Rights Watch (HRW) advierte en un comunicado que, de esa forma, se dificultará el proceso judicial contra el agresor y su posible penalización.
Brad Adams, director de HRW en Asia, aseguró en la nota que esa ley «protegerá a los maltratadores de mujeres» y despojará a las féminas «de protección legal contra los familiares que abusan de ellas, las obligan a casarse o incluso las venden».
La reforma del Código Penal significará, además, un retroceso ante otras normas progresistas aprobadas en Afganistán, como la Ley de Eliminación de la Violencia contra la Mujer, aunque organizaciones como la ONU habían criticado que su aplicación era limitada.
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Un informe hecho público en diciembre por la ONU en Kabul señaló que la Policía y los fiscales resuelven la mayoría de los casos registrados de violencia contra la mujer de manera «informal»; es decir, fuera de la ley, lo que provoca la desprotección de las féminas.
El reporte detalla que de los 16.669 casos de violencia contra la mujer que se registraron en 16 provincias afganas en 2013, solo 109 -el 7%- se resolvieron en el sistema judicial. A pesar de los avances sociales que comportó la caída del régimen talibán hace doce años, los derechos de las mujeres en Afganistán siguen siendo vulnerados.
[Fuente: infobae.com]