Suscríbete a nuestro canal de Telegram "LeaNoticias" para que estés al día con toda la información sobre Venezuela y España.
En los últimos 13 años, el delito del secuestro ha aumentado 480% de acuerdo con los estudios del criminólogo Fermín Mármol García.
Escoltas detienen el tránsito para darle paso a los altos funcionarios del Estado, portan armas de fuego y conducen motos de alta cilindrada. No son efectivos policiales pero tienen credenciales del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), PoliCaracas y la Dirección de Inteligencia Militar (DIM).
Los hechos anteriores son consecuencia de la falta de una legislación unificada para regular servicios de escoltas y empresas de vigilancia privada piratas, según considera del diputado de la Asamblea Nacional (AN), Ricardo Sánchez.
El legislador de la Comisión de Política Interior de la AN, indicó que la bancada de la alternativa democrática propondrá mañana la creación de un proyecto de ley que unifique los reglamentos existentes en la materia, fomente el mecanismo necesario para la formación de un registro de empresas y del personal, y establezca los parámetros de formación y certificación de los vigilantes y escoltas.
De acuerdo con cifras del Ministerio de Interior y Justicia (MIJ), en 1997, 597 compañías de vigilancia estaban registradas en el organismo mientras que al menos 200 no lo estaban. En 2009, 1.031 empresas notificaron su existencia al Estado, y mil de ellas estaban en situación ilegal. El organismo estima que al menos 50% del mercado opera sin ningún control, y unos 100 mil vigilantes y escoltas laboran ilegalmente. No existen en Venezuela escuelas técnicas de formación de escoltas, ni de vigilantes con un criterio estandarizado.
"En la calle ves que un sujeto armado con una pistola 9 mm detiene el tránsito para que pase un chivo del Gobierno. ¿Con qué autoridad lo hace?", explicó Sánchez, quien considera que la mayoría de las empresas de escoltas piratas han contribuido con el aumento de los secuestros en Venezuela.Aunque en la actualidad existe un registro de empresas de protección de bienes bajo la responsabilidad del MIJ, para el diputado, es necesaria la creación de un registro del personal que se desempeña en el ramo a fin de tener conocimiento de sus antecedentes penales y policiales. El único reglamento vigente en el país que regula el servicio de vigilancia y protección de bienes es el Decreto Ley 699 del Ministerio de Relaciones Interiores, del año 1975, publicado en la Gaceta Oficial número 30.597.