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En los últimos años, las organizaciones criminales han preferido contratar a menores de edad para que sean ellos los que cometan sus asesinatos. ¿Por qué? Porque si es un adulto el que comete un homicidio, la pena de cárcel puede ser hasta de 20 años. Un menor de edad que comete un homicidio, en cambio, es considerado por la ley peruana como ‘infractor’, y su máxima condena son 6 años en un reformatorio. Ante esta realidad, hay quienes han propuesto que se condene penalmente a estos menores de edad a fin de evitar que luego de ser internados salgan libres para seguir cometiendo crímenes.
Pero, ¿realmente esta sería una solución al problema? Veamos cuáles son las posiciones a favor y en contra de esta polémica propuesta.
A favor: «Debe cambiarse para preservar la seguridad ciudadana».
La iniciativa legislativa fue presentada por el congresista Martín Belaunde en marzo de este año. Se trata de un proyecto de ley que pretende reducir la edad mínima para ser imputado penalmente de 18 a 16 años. En esta entrevista, el parlamentario explica su punto de vista.
También se ha manifestado a favor de esta medida el propio presidente del Poder Judicial, Enrique Mendoza. Durante su presentación ante la Comisión de Seguridad Ciudadana del Congreso, Mendoza consideró que este cambio en la legislatura no sería desatinado ya que en varios países de América Latina, como Argentina, Bolivia y Cuba, los adolescentes de 16 años son responsables por los actos delictivos que cometen.
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“A un menor de 15 años que haya matado por encargo no se le puede aplicar más de 6 años de internamiento. O sea, este sicario a los 21 años está en la calle, y no porque esté resocializado, sino por el límite de la sanción. Esto debe cambiarse para preservar la seguridad ciudadana y es el Congreso quien debe modificar las normas”, indica.
En esa misma línea opinan los congresistas Renzo Reggiardo y Octavio Salazar, según recoge El Comercio.
«No es posible que por proteger a un grupo de jóvenes equivocados, que tienen un accionar delictivo, se desproteja a toda la sociedad», dice Reggiardo. Por su parte Salazar considera ilógico que los menores de edad que han cometido estos delitos se resocialicen en centros juveniles como Maranguita. «Esas sanciones son para los jóvenes de los años 50, el perfil de los adolescentes hoy en día es distinto: salen de los centros juveniles a los 21 años y vuelven a delinquir».
Pero hay un antecedente en todo esto que debemos tomar en cuenta. En el año 2013, luego de la captura del delincuente «Gringasho», que entonces era menor de edad, el propio presidente de la República, Ollanta Humala, se pronunció a favor de endurecer las sanciones a menores de edad.
Esto fue lo que dijo: «No puede ser que este tipo de delincuentes se amparen en que tienen menos de 18 años para que sigan en ‘Maranguita’. Soy de la opinión que tiene que revisarse la ley para que puedan ir a penales comunes de alta peligrosidad para ponerle alto a estas sinvergüenzadas».
En contra: «La solución no está ahí».
La ministra de la Mujer, Carmen Omonte, es una de las personas al interior del Ejecutivo que se ha opuesto a la medida. «Nosotros buscamos siempre proteger el interés de los menores de edad; el sicariato es un tema complejo, pero hay que asumir como sociedad aquello en lo que estamos fallando, mas allá de agravar las penas», ha dicho.
Llegado a este punto, habría que reflexionar si la norma pretende solucionar en algo el grave problema del sicariato en nuestro país.
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Para el abogado Eduardo Herrera, especialista en derecho penal, la propuesta legislativa no resuelve nada y más bien es una medida «desesperada» por no saber cómo enfrentar el problema de la delincuencia en nuestro país.
«Nada nos garantiza que después de que penalicemos ciertos delitos a partir de los 16 años no aparezcan sicarios de 14 o 13. No hay un estudio que te diga que los de 16 son más proclives a la delincuencia», dijo Herrera en conversación con Espacio360.
«En el Perú, tradicionalmente estamos siguiendo la corriente de ser más punitivos. Aumentamos penas y creamos delitos y eso a la luz de las estadísticas no soluciona el tema de la delincuencia ciudadana. ¿Por qué se utiliza al menor de edad? No solo porque no tiene responsabilidad penal sino porque no tiene desarrollo como para darse cuenta de sus actos. El hacerlo responsable penalmente no hace que adquiera responsabilidad de sus actos. La solución no está ahí porque entonces (los sicarios) van a seguir usando a personas de 13 o 12 como hacen los terroristas extremos. La solución pasa por el aspecto social – familiar», agregó.
Respecto a las consecuencias de esta norma, Herrera sostuvo: «¿Qué vas a conseguir al meter a un menor de edad a una cárcel? Una cárcel tugurizada, llena de delincuentes mayores, no hay resocialización. Lo que vas a conseguir son delincuentes repotenciados. El presidente (del Poder Judicial) opina a favor porque está desesperado, cree que la cárcel es la solución para la seguridad, y no lo es».
También se oponen a esta medida la abogada María Barletta, ex miembro del Código de los Niños y Adolescentes y coordinadora del proyecto «Niñez sin rejas» de la ONG Cometa, así como el ex ministro de Defensa, Roberto Chiabra.
¿Cuál ha sido la experiencia en otros países?
En una edición de 2012 de la Revista Pólemos, publicada por la Asociación Civil Derecho & Sociedad, se analiza de forma extensa el tema de la penalización a menores de edad. Uno de los puntos que se aborda es la experiencia de este tipo de leyes en otros países. Dice la revista:
Al revisar el panorama internacional, hay que tomar en cuenta que las experiencias como el “Plan Mano Dura” (2003) en El Salvador dio evidencias de fracaso en la lucha contra el pandillaje (Los Maras) ya que contribuyó a agudizar los niveles de violencia, incrementando el encarcelamiento, mayor gente privada de su libertad y más homicidios, a la vez que revivió un esquema autoritario pasado con recuerdos amargos en aquel país. Esta práctica no ofreció una solución integral al problema del pandillaje, al no contemplar medidas de carácter socio–educativo que conllevaran a la integración social de estos adolescentes.
Por otro lado, la publicación también advierte que se debe tomar en cuenta la Convención sobre los Derechos del Niño, suscrita por el Estado Peruano el 3 de agosto de 1990, y que en los artículos 37, 40 y 41 resalta que los Estados deben tener especial cuidado cuando juzguen a personas menores de 18 años, usando la privación de la libertad como último recurso. Y, de la misma manera, el marco normativo internacional sobre adolescentes infractores. Es decir, las Directrices de Riad para la prevención de la Delincuencia Juvenil, las Reglas de las Naciones Unidas para la protección de los menores privados de libertad, y las Reglas de Beijing o Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia de Menores. Como vemos, el tema no es tan fácil como parece.
Si bien el sicariato es un grave problema en nuestro país, lo cierto es que esta propuesta legislativa no parece ser una solución al problema de fondo sino más bien una medida que busca la simpatía de la población. Con cárceles hacinadas y una política de reinserción social bastante deficiente, parece ser que el único camino está en la prevención del delito. Es el camino más largo pero, sin duda, parece ser el más conveniente.
Fuente [Espacio360.com]