Ventas por debajo de los costos dejará como consecuencia el cierre de varias empresas

La Cámara de Comercio de Maracaibo (CCM) objeta la forma en la que se llevan a cabo los procedimientos de fiscalización que realiza el Gobierno desde hace 15 días, en los que se obliga a los establecimientos a bajar los precios de sus productos hasta en 70 por ciento.

Mediante un comunicado, la organización exigió al Ejecutivo que las supervisiones estén enmarcadas en el respeto al debido proceso y el derecho a la propiedad privada.

Alerta de que “la venta de inventario por debajo del costo de reposición, como consecuencia de los procedimientos que ocurren a diario, ocasionará el cierre definitivo de varias empresas”.

La cámara advierte que el resultado de las fiscalizaciones en el corto plazo agravará los problemas de inflación, escasez y desempleo.

“Venezuela se encuentra actualmente sumergida en una gran crisis por la aplicación de un modelo de desarrollo que causa escasez, desabastecimiento e inflación en una gran cantidad de bienes y servicios”.

Para la organización, las medidas económicas aplicadas por el Gobierno, tales como las regulaciones excesivas, el creciente gasto público y el control de cambio, deterioran la capacidad productiva.

Agrega que las amenazas de expropiación hacen menos probable que se concreten las inversiones de capital necesarias para aumentar la producción de bienes y servicios.

En el comunicado, el gremio rechaza las acusaciones de “guerra económica” por parte del Ejecutivo en contra del empresariado, así como cualquier práctica de acaparamiento y especulación.

Propuesta

La CCM propone un diálogo directo entre las autoridades, el sector empresarial y los trabajadores como la única vía para iniciar el camino hacia la reactivación del aparato productivo nacional.

“Venezuela necesita de la capacidad de producción, distribución y comercializaciones que tiene el sector privado, el cual, junto con la fuerza laboral que emplea, es el fundamento esencial de la generación de riqueza y bienestar”.

Concluye que el Estado tiene el reto de promover un plan de desarrollo creíble y sostenible frente a los venezolanos, con la liberación de fuerzas productivas y evitar términos como “guerra económica” para impulsar la economía en función de construir bienestar.

[Fuente: laverdad.com]