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“El genocidio cometido en contra de 80 de nuestros hermanos yanomamis es una muestra de que nuestras fronteras no están siendo resguardadas por la Fuerza Armada, estamos desprotegidos y ninguna autoridad hace nada por la inseguridad que vivimos en Amazonas”, denunció Antonio Mijares, responsable estadal de Voluntad Popular en dicha región.
Aseguró que el gobierno central ha sido incapaz de proteger a las etnias de la selva amazónica aun cuando llevan varios años denunciando el abuso de los garimpeiros (mineros ilegales provenientes de Brasil): “En 2004 también mataron entre 10 y 12 yanomamis, pero el Gobierno lo vio como poquita cosa y lo dejaron pasar por debajo de la mesa. Exigimos que respondan ante este genocidio; el Gobierno central sabe que los garimpeiros han venido matando y disociando a nuestras étnicas y no han hecho nada”.
Mijares también denunció que Atirio Guariguey, uno de los tres Yanomamis sobrevivientes de la masacre, fue retenido en el Comando de la 52 Brigada del Ejército y Guarnición Militar de Puerto Ayacucho. “Lo tienen oculto, no lo dejan dar declaraciones ni hablar con nadie”, aseguró.
El dirigente naranja explicó que Guariguey llegó a Puerto Ayacucho el 27 de agosto y comenzó a informar a los medios de comunicación de la tragedia vivida por su etnia en la selva a principios de julio, pero desde que acudió a la instancia militar a pedir ayuda, no lo han podido ver más.
De acuerdo al relato narrado por Atirio, los garimpeiros habían atacado a su comunidad el día 3 de julio, con la intención de llevarse a sus mujeres, pero fueron repelidos por los indios con arcos y flechas. Dos días después, Guariguey salió a cazar junto con otros dos yanomamis, y cuando se encontraban a pocos metros del asentamiento, avistaron un helicóptero que lanzó bombas sobre el shabono (choza multifamiliar). Cuando llegaron al lugar, encontraron a sus familias (80 personas entre adultos y niños) calcinadas.
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De acuerdo a Mijares, el yanomami aseguró que caminaron por la selva durante dos semanas hasta llegar a la Guarnición Militar de Alto Orinoco, “pero no les prestaron atención, y fue apenas hace unos días cuando lograron llegar hasta Puerto Ayacucho y nos enteramos de la tragedia”.
“Le recordamos al Presidente saliente que los yanomamis también son venezolanos que necesitan de la protección del Estado. Exigimos una respuesta de la Ministra para los Pueblos Indígenas, Nicia Maldonado; y del Ministro de la Defensa, Henry Rangel Silva, en este caso, porque se debe sentar un precedente y poner un freno a estos magnicidios en contra nuestras etnias”, enfatizó Mijares.
[Fuente: Voluntad Popular Comunicaciones]