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La Presidenta Michelle Bachelet encabezó la mañana de este lunes, en el edificio Bicentenario, la entrada en vigencia de la Ley de Probidad en la Función Pública y Prevención de los Conflictos de Intereses. La iniciativa contempla los mecanismos de declaración de patrimonio e intereses, mandato de administración de cartera de valores y fideicomiso ciego para los funcionarios públicos, sobre todo los que tienen un mayor rango. Publicado en Cooperativa.cl.
Durante la ceremonia, la Presidenta Bachelet destacó que «hoy damos un paso extremadamente importante en el avance de la agenda de transparencia, porque impacta en un ámbito donde cada vez se debe ser más riguroso, como son los conflictos de interés de los altos funcionarios».
«Yo estoy convencida que cuando el conjunto de nuevas reglas entre en vigencia, los chilenos podremos formarnos un imagen completa de la profundidad del cambio que hemos sido capaces de hacer entre todos», añadió la Mandataria.
Esta ley, a juicio de la Presidenta, ayudará a restablecer el clima de confianza hacia las autoridades. «Estoy convencida que cuando el conjunto de nuevas reglas entre en vigencia, los chilenos podremos formarnos una imagen completa de la profundidad del cambio que hemos sido capaces de hacer entre todos», remarcó.
Según detalló la Mandataria, con la nueva declaración de intereses y patrimonio, quienes ejercen la labor del servicio público tendrán una mayor responsabilidad con la ciudadanía, arriesgando multas de cerca de tres millones de pesos hasta la destitución para quienes incumplan la normativa.
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La Ley de Probidad además obliga a que quienes tengan un patrimonio mayor a 25 mil UF (más de 600 millones) a extender un mandato a una entidad establecida específicamente en la ley para su administración. Ese mandato deberá realizarse dentro de los 90 días corridos al asumir el cargo.
En caso de incumplimiento, la sanción puede llegar a 1.000 UTM, es decir, cerca de 46 millones, y se considerará una falta al principio de probidad administrativa.
Finalmente la ley obliga a enajenar las participaciones en empresas que presten servicios al Estado, empresas cuyos servicios tengan tarifas reguladas o las que explotan concesiones del Estado.