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Las invasiones de terrenos y edificaciones se producen por oleadas y, según aseguran vecinos del municipio Libertador, las recientes invasiones del estacionamiento ubicado en la esquina de Tracabordo en Candelaria y la ocurrida en la sede de El Nuevo País y Zeta en San Agustín, son el preludio de nuevas ocupaciones con sus respectivas secuelas: anarquía, inseguridad, daños ambientales y afectación de los servicios públicos.
Las personas que viven cerca del galpón donde funcionaban ambas publicaciones tienen tristeza y rabia pero sobre todo temor, lo que los lleva a reservarse sus opiniones. La dinámica de la zona se enrarece con los nuevos ocupantes y, en el caso del estacionamiento de Tracabordo, la toma perjudica la rutina de 52 familias con puestos fijos que deben mudar sus vehículos a otros lugares.
Este garaje integra una lista, junto a otros 16 terrenos en Libertador, cuya ocupación temporal fue ordenada por el Ministerio de Hábitat y Vivienda en la Gaceta oficial 6.234, de fecha 1 de julio de 2016. Son parcelas ubicadas en El Algodonal (1), Las Delicias (3), El Guanábano (1), La Rinconada (2), Caricuao (2), Santa Mónica (1), La Colina (1), Los Magallanes de Catia (1), Candelaria (2), Las Mayas (2) y la Av. Andrés Bello con Las Palmas (1).
En los últimos días, algunos de estos terrenos han sido ocupados por los llamados Campamentos de Pioneros, personas que reclaman tener un techo y que se catalogan como el «brazo ejecutor de Misión Vivienda». Según lo establecido en la gaceta, en estos inmuebles deberán ejecutarse las evaluaciones técnicas para determinar la factibilidad de desarrollar proyectos de viviendas.
A Carlos Hernández, vecino de la parroquia El Recreo, le preocupa la falta de planificación urbana pues esos estudios técnicos pasan por alto el colapso de los servicios públicos de las zonas donde se levantan nuevas edificaciones, sobre todo en un municipio de una alta densidad poblacional como Libertador, que tiene más habitantes que 21 de los 23 estados del país (todos salvo Zulia y Miranda).
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«Hacemos un llamado a los candidatos a alcalde de Libertador para que creen una ordenanza en contra de las invasiones, de seguir así Caracas será un desastre ambiental». Lo que más preocupa a la comunidad es que los proyectos habitacionales se levanten en las zonas con la misma vialidad y sin mejoras en los servicios de agua y electricidad.
Jesús Delgado, coordinador del Plan de Reducción de Riesgos Ambientales de la Alcaldía Metropolitana, considera que el Área Metropolitana llegó al tope de lo construible. «La ciudad no es solo edificios, se necesitan espacios caminables, áreas verdes, convertir las quebradas de Caracas en fuentes de agua limpia, hay que tener tanques verticales que recojan el agua de lluvia».
El profesor de la Facultad de Arquitectura de la UCV, asegura que se sigue densificando una ciudad a costa de los servicios pues ya no hay capacidad para abastecer de agua, gas y electricidad a sus residentes.
Gustavo Oyoque, vecino de Altagracia, lamenta que el proyecto Casa Aurora (esquina de Aurora a Doctor González) se haya paralizado y ahora el terreno esté invadido. «Allí estaba previsto levantar un centro de atención comunitaria, una iniciativa única en la zona y un proyecto diseñado por arquitectos de Fundapatrimonio que quedó a medio hacer. Un grupito se apoderó del espacio y le colocó un candado a pocos metros de Miraflores».
En San Bernardino, un vecino que pidió no ser identificado, aseguró que la comunidad está activa para evitar nuevas tomas. «Las personas que se han ido del país dejan a familiares a cargo para evitar riesgos». En esta parroquia se contabilizan más de 12 ocupaciones ilegales hasta la fecha.
