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Si se pudiera hablar con propiedad de una doctrina Trump, el resumen es muy simple: todos los problemas de Estados Unidos vienen del extranjero. Si las empresas estadounidenses pierden competitividad, la culpa la tiene China, que hace competencia desleal devaluando su moneda; si las fábricas de Detroit cierran, la culpa la tienen México y Canadá, que se aprovechan del acuerdo de Libre Comercio; del terrorismo tiene la culpa “el islam radical” y los países que le dan cobertura; de la inseguridad, la violencia en la calle y el tráfico de drogas, la culpa la tienen los inmigrantes… La xenofobia se ha instalado en la Casa Blanca y Donald Trump ha querido proclamarlo urbi et orbi como si el ensañamiento con los inmigrantes fuera un signo de fortaleza.
El efecto inmediato es el amedrentamiento de once millones de inmigrantes indocumentados, que llevan años viviendo en la sombra, buena parte de ellos con hijos nacidos en Estados Unidos, y que ahora vuelven a sentirse especialmente perseguidos, amenazados y además criminalizados. A Trump no se le ocurrió mejor idea para dar a conocer la nueva política migratoria que rodearse de familiares de personas que fueron asesinadas por inmigrantes en situación ilegal.
En su tercer día laborable como presidente, Donald Trump se trasladó al Departamento de Seguridad Nacional para hacer una nueva y estridente declaración de intenciones en forma de órdenes ejecutivas que tiene como objetivo dar la sensación de que cumple sus promesas electorales, porque llevarlas a cabo no resultará tan fácil como estampar una firma en una hoja de papel.
El decreto más espectacular pero menos efectivo ordena la construcción del prometido muro en la frontera con México, donde, por cierto, ya existe, en varios tramos, una enorme valla levantada en tiempos de Bill Clinton. Que Trump firme ahora el decreto no significa que las obras comiencen inmediatamente, más allá de algún ritual simbólico. El decreto vuelve a ser un gesto de cara a la galería, porque la dotación presupuestaria depende del Congreso y el trámite no se presenta nada fácil. Se calcula un costo de 20.000 millones de dólares que tendrán que ser detraídos de otras partidas y el proyecto se enfrenta a un laberinto jurídico, ya que requerirá expropiaciones de terrenos que conllevarán innumerables pleitos. El propio secretario de Seguridad Nacional, John Kelly, admitió en el Senado que el muro se construirá, pero las obras no podrán comenzar de inmediato.
Trump prometió además que la construcción del muro la pagaría México. Luego admitió que EE.UU. adelantaría el dinero, mientras el presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, ya ha asegurado que eso es “imposible”, que “no sucederá”. Ha prometido decírselo sin ambages a Donald Trump el próximo 31 de enero cuando le visite en la Casa Blanca, si finalmente no hace caso de las presiones que recibe para dar plantón al presidente estadounidense. En el decreto, Trump ordena un inventario de todas las ayudas de EE.UU. a México.
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Los decretos firmados por Trump plantean un endurecimiento de la política migratoria para deportar a millones de indocumentados, pero a la hora de la verdad los decretos se centran en el sellado de la frontera y en los inmigrantes indocumentados que hayan cometido delitos, es decir, nada que no se hiciera ya, por más que Trump proclamara con toda la vehemencia de que fue capaz: “Vamos a sacar a toda esa gente del país”.
La gran diferencia, destacada por Trump, es que se va a poner fin a la política catch and release (capturar y liberar) que se ha practicado de forma intermitente hasta ahora. Una parte de los inmigrantes detenidos cuando cruzaban la frontera, sobre todo los menores de edad, eran presentados ante el juez y puestos en libertad pendientes de juicio. Buena parte de estos detenidos optaban por escapar a la acción de la justicia y vivir en la clandestinidad. El decreto de Trump ordena un aumento de los centros de detención y la contratación de 5.000 nuevos guardas fronterizos para asegurar que todo inmigrante que sea detenido cruzando la frontera ilegalmente no será liberado, sino que permanecerá detenido hasta que el juez dicte su deportación.
El portavoz de la Casa Blanca, Sean Spicer, suele referirse al presidente Trump con atributos elogiosos que a veces suenan a sarcasmo. “Donald Trump tiene un gran corazón”, dijo ayer para responder a la pregunta de si la deportación masiva de inmigrantes afectaría a los denominados dreamers, niños que cruzaron la frontera ilegalmente y han rehecho su vida en EE.UU, algunos incluso con título universitario. De las palabras de Spicer se desprende que los dreamers no serán objeto de especial persecución. El presidente Obama advirtió en su última conferencia de prensa que si Trump actuaba contra esos jóvenes y separaba familias “no me callaré”.
Quizá el aspecto que tendrá un efecto más inmediato de los decretos firmados ayer por Trump es la suspensión de subvenciones a las denominadas ciudades refugio, municipios que han adoptado políticas de acogida y protección de los inmigrantes. Por ejemplo, en algunos estados un inmigrante que haya cruzado la frontera ilegalmente puede sacarse el carnet de conducir y la policía no puede denunciar su situación irregular sólo por una infracción de tráfico.
Las iniciativas de Trump han tenido ya respuestas contundentes del alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, y del gobernador de California, el demócrata Jerry Brown. “California –dijo Brown– no dará marcha atrás ahora ni nunca. Vamos a defender a todo el mundo –cada hombre, mujer y niño– que ha venido aquí en busca de una vida mejor y ha contribuido al bienestar de nuestro estado”.
Vinculado a la cuestión migratoria pero referido a la política de lucha contra el terrorismo, funcionarios de la Casa Blanca ya han anunciado que esta misma semana Trump firmará otra orden ejecutiva relativa a su promesa electoral de prohibir a los musulmanes la entrada en EE.UU. Eso no puede hacerlo, porque vulneraría el derecho constitucional a la libertad religiosa, aunque con sólo decirlo ya ha logrado estigmatizar a los musulmanes estadounidenses y plantear la lucha antiterrorista como una guerra de religión, que es justo lo que pretende el yihadismo. El previsto decreto de Trump plantea vetar la admisión de refugiados y suspender temporalmente el visado a personas procedentes de países, algunos de ellos en guerra, como Siria, Irak, Irán, Libia, Somalia, Sudán y Yemen.
Y para añadir más leña, Trump volvió a mostrarse ayer partidario de aplicar la tortura a sospechosos de terrorismo. “Vamos a combatir el fuego con el fuego”, declaró a la cadena ABC, asegurando que “la tortura funciona” .
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