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El informe definitivo del proyecto de ley contra los monopolios y otras prácticas de similar naturaleza que presentó la subcomisión de Industria y Comercio a la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional mantuvo la expropiación como castigo, pero sólo en caso de reincidencia.
El papel de trabajo original sancionaba directamente con la expropiación a las empresas vinculadas con bienes y servicios de primera necesidad o de carácter estratégico que incurrieran en prácticas prohibidas (abuso de la posición de dominio, cartelización, concentración económica, entre otras).
El artículo 41 del proyecto final, que declara de utilidad pública e interés social los activos necesarios para la elaboración de bienes esenciales, dice que el Ejecutivo podrá iniciar el procedimiento de expropiación cuando el agente económico actúe de manera reincidente.
La exclusión de las empresas estatales se mantuvo, a pesar de que se eliminó el parágrafo único que la establecía y de que el artículo 3 declara como sujetos sometidos a la legislación a todas las personas naturales y jurídicas, públicas o privadas.
"Quedan expresamente excluidas de la aplicación de esta ley las personas jurídicas de derecho público que realicen actividades de carácter estratégico para el desarrollo económico del país o vinculadas con la producción de bienes o prestación de servicios de primera necesidad", ordena el artículo 75.
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La disposición agrega que en casos de urgencia o necesidad debidamente comprobada y declarada por la autoridad correspondiente quedarán exceptuadas empresas privadas, pero sólo con autorización de la superintendencia nacional antimonopolio y por el tiempo necesario para atender la situación.
Diferida
El debate del articulado del proyecto fue diferido para la próxima semana porque hubo poco tiempo para evaluar el informe. Eso hizo que la discusión en la Comisión de Finanzas se diera entre observaciones técnicas de la oposición y consideraciones ideológicas del oficialismo.
La diputada Vestalia Sampedro dijo que el proyecto debería llevarse a primera discusión porque es muy distinto al aprobado en primera instancia en 2006. Su homólogo Rafael Guzmán agregó que el superintendente antimonopolio debe ser electo por el Parlamento porque es un mandato constitucional. El diputado Hugbel Roa respondió que la ley está dentro del modelo socialista del Gobierno. José Ávila acusó a los opositores de usar argumentos formales para ocultar sus intenciones. "Ustedes tienen un programa neoliberal para esclavizar al pueblo".