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Latinoamérica está siendo sacudida por fuertes presiones sociales producto de la desigualdad, el deterioro de las instituciones y las actuaciones de las mafias que dominan el crimen organizado y tienen influencias en las estructuras políticas de nuestros países. Uno de los factores que más daño está causando a nuestros países es elevada impunidad.
El asesinato de 43 jóvenes en Iguala, México, es una demostración clara no sólo de la penetración del crimen organizado en la política a través del financiamiento, sino de como miembros de estos grupos al margen de la ley ocupan cargos públicos y usan su poder para corromper al resto de las instituciones.
México es un ejemplo a estudiar para saber hasta qué punto se pierde la gobernabilidad en amplias zonas de un país, como consecuencia de la pérdida de legitimidad de las instituciones y de la asunción de carteles de la droga, por ejemplo, como las autoridades en esos territorios.
Lo que se vive en México replica en varios de nuestros países con distintos matices. Colombia vivió por largos años esta aberración institucional, en la cual era hasta “normal” que los grupos delictivos organizados tuvieran control de pueblos y de sus autoridades.
En Venezuela estamos viviendo situaciones que pueden degenerar en experiencias muy parecidas a las que vivió Colombia y vive México en la actualidad y todo como consecuencia de la debilidad de las instituciones frente al delito. La impunidad en Venezuela es demasiado alta.
En nuestro país de cada 100 delitos que se cometen, alrededor de 90 quedan impunes, según los estudios de organizaciones no gubernamentales, o sea que no se resuelven y mucho menos se castiga a los responsables. Esa incapacidad para castigar al que delinque, incentiva al delincuente y a quien está cerca de serlo a cometer fechorías, porque siente que no será castigado o que pagando una suma de dinero es “perdonado”.
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La sociedad venezolana sufre de graves distorsiones y una de las más preocupantes es la absoluta impunidad. Cada día son más los venezolanos que escogen actividades ilícitas de cualquier tipo para enriquecerse, vivir o sobrevivir en buena parte porque sienten que el Estado no les brinda opciones viables y legales para crecer y satisfacer sus necesidades.
Y cuando me refiero a actividades ilícitas no sólo estoy hablando del narcotráfico, sicariato o secuestro, entre las más conocidas, sino todas aquellas que muchas personas realizan y que consideran “normales”, pero resulta que no lo son como, por ejemplo, el bachaqueo de alimentos y combustible.
Pero hay un ejemplo más grave aún y es la proliferación de los llamados colectivos violentos, que se alejan de la concepción conocida de estos grupos que desarrollan labor social, y que han sido creados como grupos paramilitares al servicio de una parcialidad política. Ellos gozan de tanta impunidad, que hasta “motivaron” la destitución de un ministro del gobierno nacional.
Le han causado enormes daños a las instituciones, las cuales ahora ni son creíbles para los ciudadanos, ni cumplen con su deber de ejercer los controles dónde de verdad se deben ejercer. Estamos a tiempo de curar las heridas de Venezuela. Pero todo dependerá del aporte de cada uno de nosotros para que todas estas distorsiones, incluyendo la impunidad, sean cosa del pasado.
Por Pablo Pérez