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El Ministerio de Empleo negocia con empresarios y sindicatos la puesta en marcha de un nuevo subsidio para hogares sin ingresos, respondiendo así al compromiso adquirido el pasado mes de julio por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, con los agentes sociales. El objetivo, apuntan fuentes cercanas a la negociación, es «proteger a los más vulnerables y que nadie se quede desatendido».
Según ha podido saber ABC, se tratará de una paga de entre 400 y 450 euros -la cuantía definitiva todavía no está decidida- pero se prevé que sea similar a la que ahora reciben durante seis meses los parados que agotan las prestaciones (426 euros).
La ministra de Empleo, Fátima Báñez
Según el Instituto Nacional de Estadística, en España hay cerca de 750.000 hogares que no reciben ingresos (rentas del trabajo, subsidios, o pensiones), el colectivo susceptible de beneficiarse de esta medida.
No obstante, fuentes del Ejecutivo explican que la cifra de beneficiados será muy inferior a esta ya que para poder acogerse a la ayuda no deben recibir ningún subsidio ni estatal, ni autonómico, ni local, no deberían tener ningún tipo de rentas, no solo del trabajo o prestaciones, tampoco de alquileres de inmuebles, u otras rentas de la propiedad. Además, la ayuda estará ligada a la búsqueda activa de empleo y, por tanto, a la formación. De este modo, se trata también de evitar que personas que trabajen en la economía sumergida se puedan beneficiar de la misma.
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El Ejecutivo prevé incluir esta medida a través de una enmienda a los Presupuestos, probablemente a finales de octubre. Mientras, Empleo negociará con sindicatos y empresarios la letra pequeña de la ayuda y además gana tiempo para tener definido el mapa de prestaciones.
Tal y como avanzó ABC, el Ministerio de Empleo trabaja en la elaboración de un registro estatal en el que se incluya la lista de beneficiarios de las ayudas y subsidios sociales que otorgan ayuntamientos y comunidades autónomas. Se trata de evitar situaciones, como las que se dan en este momento, en las que algunos parados cobran ayudas y subsidios por partida doble o incluso triple, mientras otros no reciben ninguna.
Maraña de ayudas
La actual maraña de ayudas aprobadas por las comunidades autónomas y los ayuntamientos, apuntan las citadas fuentes, no solo carecen de falta de controles que permitan identificar que su reparto es equitativo sino que, además, ha provocado un «turismo de prestaciones» que ha llevado a algunos parados a cambiar hasta de ciudad para disfrutar de ayudas más elevadas.
Con la creación de este mapa y la puesta en marcha del nuevo subsidio se trata por un lado de evitar abusos y, por otro, de garantizar que no quede ningún hogar totalmente desprotegidos sin ingresos.
El Gobierno todavía no ha calculado exactamente el coste de la medida, reclamada por los sindicatos y motivo de movilizaciones si no se pone en marcha, advirtió el martes CC.OO. Si fuera una paga de unos 400 euros y se aplicara a los casi 750.000 hogares sin ingresos a los que se refiere el Instituto Nacional de Estadística, estaríamos hablando de un coste de unos 3.000 millones. Sin embargo, el Ejecutivo descarta que la medida vaya a suponer un desembolso tan elevado. Precisa que la depuración de los datos del INE, que no tiene en cuenta si en esos hogares hay ingresos que no proceden del trabajo o de prestaciones, y los requisitos exigidos de acudir a cursos de formación y no tener ningún subsidio autónomico o local, reducirá notablemente el número de perceptores. Por tanto, la cuantía final, apuntan algunas fuentes, podría situarse en torno a los 1.000 millones o incluso por debajo.
El montante de las ayudas se incluirá en el presupuesto que el Gobierno destina a políticas activas de empleo, partida que, pese a los recortes registrados durante la crisis, llegará este año casi los 4.200 millones.
En estos momentos, los servicios públicos de empleo de cada región conceden una «ayuda familiar», un subsidio de 426 euros al mes del que disfrutan parados que carecen de rentas o reciben menos de 494 euros, tienen responsabilidades familiares (hijos menores de 26 años, hijos discapacitados, que estén a su cargo y cónyuge) y han agotado la prestación por paro o bien no pueden cobrarla porque tienen cotizaciones superiores a tres meses, pero no llegan al año requerido. Una pareja casada sin hijos puede pedir ayuda familiar si un cónyuge depende económicamente del otro.
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Los beneficiarios cobran 426 euros durante seis meses y pueden solicitar su renovación en dos ocasiones (18 meses en total). En determinadas circunstancias, como cuando el parado tiene más de 45 años, esas prórrogas pueden llegar a sumar 30 meses.
Paralelamente a estas ayudas, cada comunidad, y muchos ayuntamientos, tienen sus propios salarios sociales. Y cada uno, con un nombre distinto y un importe diferente, que suele estar ligado al Iprem (532,51 euros al mes) y al número de miembros de la familia.
En la mayoría de los casos se exige estar empadronado en esa región un mínimo de un año antes de solicitar la ayuda. En Cataluña su importe mínimo es de 105,93 euros, aunque puede llegar a 641,40 según el número de miembros de la unidad familiar. En Madrid tiene la misma denominación y su cuantía es de 375,75 euros y como máximo de 532,51 euros en función de los hijos.
En Andalucía, su «programa de solidaridad» está entre 400 y 645,30 euros. País Vasco y Navarra son las más generosas. En la primera, la ayuda está está entre 612 y 939 euros, y en la segunda, entre 641 y 962.
Fuente [Abc.es]