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Lo acontecido en México con los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa dejo al mundo en la consternación, exigiendo la inmediata respuesta del estado, el rescate de la institucionalidad y planteando una vez más el reto de la lucha por la paz en un país acostumbrado a las consecuencias de la anarquía y el terror.
Hasta ahora, la fiscalía sólo había logrado reconstruir parte del crimen que arrancó la trágica noche del 26 de septiembre en Iguala (Guerrero, sur), cuando policías locales atacaron a alumnos de la combativa escuela de magisterio de Ayotzinapa que recaudaban fondos en la ciudad por orden del ahora exalcalde detenido, que quería evitar que sabotearan un acto público de su esposa.
En esos ataques fallecieron seis personas y desaparecieron los 43 alumnos, la mayoría de entre 18 y 21 años, que según confesiones de otros detenidos habrían sido entregados por policías a sicarios de Guerreros Unidos.
El crimen, que ha sido calificado por Human Rights Watch (HRW) como uno de los «más graves registrados en la historia contemporánea de México y América Latina», ha supuesto la peor crisis desde que el presidente Enrique Peña Nieto asumió el poder en 2012 y ha generado masivas protestas por todo el país que podrían aumentar a raíz de la brutal nueva confesión.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) en México condenó la desaparición de 43 estudiantes y la violencia de que fueron víctima, además de considerar este hecho como uno de los “más terribles de los tiempos recientes”. Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) requirió al gobierno de México que tomara medidas de protección en favor de los desaparecidos.
Decenas de miles de mexicanos salieron a las calles para protestar contra el manejo del caso por parte del gobierno, manifestaciones que han llevado incluso al incendio provocado en la puerta de Palacio Nacional, en el Zócalo Capitalino. Pero las manifestaciones violentas no sólo se produjeron en el centro del país, en Guerrero, más de 300 estudiantes, muchos de ellos portando máscaras para ocultar sus rostros, quemaron alrededor de 10 vehículos y camiones en la sede del gobierno.
La escalada de protestas seguía en aumento mientras Peña Nieto se encontraba en camino a China, lo que ha causado la indignación de la miles de mexicanos y familiares de los estudiantes, quienes interpretaron el acto como una falta de compromiso en contra de la violencia en el país.
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Y si tu hijo fuera el 44? La pintada prolifera por las paredes de México, Frente a las opiniones de políticos que desde el poder dicen que “México tiene que seguir el camino”, los padres piden a sus “hijos vivos”, los estudiantes aseguran que “la lucha va a seguir aun si nos entregan a los compañeros” y medio país clama justicia ante un “Estado rebasado”. Los manifestantes, muchos con lágrimas, se arremolinan en torno al Ángel, el emblemático monumento de la capital. Como sus gritos, sus carteles son elocuentes: Todos somos Ayotzinapa. Justicia para México. Ni uno más. Fue el Estado.
Los vídeos presentados por el fiscal general, Jesús Murillo, las burdas palabras de los sicarios en la reconstrucción de la matanza retumban en sus cabezas: “Los agarraban ya por aquí les tiraban (disparaban). Entonces los demás los jalaban de las patas… A mí me dijeron: tú jálate los que ya están muertos a la orilla del basurero”.
La presentación del fiscal, que Murillo acabó con un “ya me cansé”, ha enardecido aún más los ánimos. Esa frase se convierte en hashtag en las redes sociales. Pero además es el signo de la crisis mexicana, que desde hace varios años instauro la guerra en sus calles contra los carteles y la corrupción, luciendo extenuado en su trajinar para acabar con la violencia.
Por Daniel Merchán M