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Los ministros del área económica ya tienen en mesa el plan de aumento de la gasolina. No sueltan detalles de cómo será el ajuste del precio y la reducción de subsidio que desde hace más de una década soporta el Estado venezolano. Lo cierto es que este año, ante la caída de los precios del barril petrolero que roza los 20 dólares y baja de ingresos en divisas, la carga de la subvención es insoportable para las arcas reducidas del Gobierno. El Nacional.
Es tiempo de «incorporarle racionalidad a la cultura del derroche», destaca Jesús Farías, titular del Comercio Exterior e Inversión Internacional, al analizar la necesidad del incremento en el valor del combustible venezolano. Con el ajuste se establece direccionar los recursos. «Con ese dinero nosotros podemos darle subsidio al transporte público y al transporte de alimentos, de manera que es absolutamente positivo para la población».
Luis Salas, vicepresidente del área y titular de Economía Productiva, apoya la medida. «Llegó el momento» para la revisión y aplicación. «Es posible fijar aumento, y es que no solo es un problema económico, sino un problema de sensibilidad política y sensibilidad social», ante los embates y distorsiones ocasionadas por la «guerra económica».
El jefe de Estado tiene la decisión congelada, aunque en reiterados anuncios asevera la urgencia. La empresa petrolera no percibe ingreso, sino que por el contrario paga por «echar» gasolina. Hace tres años se planteó dictar una política. El propio presidente Nicolás Maduro, en la entrega de la Memoria y Cuenta de 2013 ante la AN, insistió en que «hay que hacerlo», darle un precio a los carburantes para atender los costos de la industria.
Salas asegura que aún no hay plan, pero ronda la posibilidad de «desestimular» el consumo de gasolina de 95 octanos por ser la más costosa para producir en el país. En Venezuela se producen dos categorías de combustible, una segunda es la categoría de 91 octanos.
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Los ministros se pronuncian a favor del decreto de estado de emergencia económica. Salas destaca que se pretenda «expropiar empresas» para responder a la demanda de alimentos de la población, y afirma el compromiso de pago de la deuda. Jesús Farías niega la intención de crear un «corralito económico» con las restricciones al uso del dinero, culpa a «fuerzas políticas» de perturbar el ambiente político.
