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El Registro Único de Personas que Desarrollan Actividades Económicas (Rupdae), previsto en la Ley Orgánica de Precios Justos, será convocado en marzo, informó la superintendente de Precios Justos, Andreína Tarazón.
En un evento organizado por el diario Últimas Noticias este miércoles para abordar el instrumento legal que está en vigencia desde el 23 de enero, Tarazón reiteró que este Registro será de carácter obligatorio, y apuntó que avanzan en los procesos de simplificación administrativa y automatización de trámites.
«Habrá más interconexión de la información y menos burocracia», dijo la Superintendente, según reseña ÚN en su edición de este jueves.
La Ley Orgánica de Precios Justos, dictada por el Ejecutivo Nacional para promover el desarrollo armónico de la economía y enfrentar la guerra económica de la derecha, establece que la Superintendencia tendrá el Rupdae, que será público y accesible a todos los particulares, y que pueden establecerse subcategorías dentro del Registro.
Todos los que desarrollen actividades económicas en el país deberán inscribirse y mantener sus datos actualizados en este Registro, que será un requisito indispensable para poder realizar actividades económicas y comerciales en el país, señala el artículo 22 del instrumento legal.
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La Ley también precisa que la Superintendencia dictará las normas para la organización, funcionamiento, requisitos, deberes, procedimientos y uso del Registro.
Providencias por sector
En el evento, Tarazón reiteró que el organismo que dirige se reunirá con los diferentes ámbitos productivos y dictará providencias sobre cada sector próximamente.
El instrumento legal contempla que los bienes y servicios en el país no tendrán más de 30% de ganancia sobre sus estructuras de costos, pero se podrán determinar márgenes máximos por sector, rubro, espacio geográfico, canal de comercialización, actividad económica u otros conceptos.
El pasado 7 de febrero, la Superintendencia publicó la providencia en la que estableció los criterios a utilizar para la determinación de las estructuras de costos de los productos o servicios, en base a las cuales se fijarán los precios justos.
La normativa precisa que el costo real de la producción se definirá según varios elementos: costos de adquisición de materiales y materias primas, y los de conversión o transformación hasta su forma final. «Se incluyen y se reconocen entre los costos de producción sólo en la medida en que se incurran y sean necesarios para llevar los productos o servicios a su condición de terminados o prestados», dice parte del artículo 2.
De acuerdo con la nota de Últimas Noticias, Tarazón reconoció en el evento que existen dudas sobre los criterios para definir las estructuras de costos y afirmó que las aclararán progresivamente.
Por el desarrollo económico
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El encuentro organizado por el diario, que reunió a voceros a favor y en contra de la Ley, también participó el ministro de Comercio, Dante Rivas, quien destacó que el instrumento jurídico dinamizará la economía «regulando y fiscalizando cada componente del circuito económico, desde el productor hasta el consumidor».
Añadió que la Ley permite a las empresas ser más eficientes y competitivas, «pues se ven obligadas a eliminar costos innecesarios», y ratificó que con ella se reducirán los elementos de la guerra económica que impulsan el desabastecimiento, como el contrabando de extracción, que desvía 40% de los productos nacionales a países fronterizos; el acaparamiento y la especulación. La normativa establece severas sanciones, incluso penales, para este tipo de delitos.
Por su parte, el diputado Ramón Lobo, integrante de la Comisión de Finanzas y Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional (AN), garantizó que la intención no es «criminalizar la actividad privada ni eliminar el sector privado», sino orientar los bienes y servicios en función de la sociedad y no de la reproducción del capital.
En el mismo sentido se pronunció el coordinador del Consejo de Integración Empresarial Bolivariana, Gerson Hernández, quien estimó que la Ley representa el avance para la protección, promoción y desarrollo de un sistema económico equilibrado, justo y alejado de la especulación. También hizo un llamado a los empresarios, para que asuman una actitud responsable.
Mientras, el economista Víctor Álvarez abogó porque el Estado apoye a las pequeñas y medianas empresas con programas de asistencia técnica, que permitan mejorar sus procesos, con el fin último de consolidar un aparato productivo que genere abundante oferta.
En el encuentro, los representantes de los gremios privados Fedecámaras, Consecomercio y Conindustria ratificaron su oposición a la Ley de Precios Justos y coincidieron en que hay muchas lagunas y dudas sobre el método de cálculo de las estructuras de costos.
[Fuente: AVN 27/02/2014 10:29]