Suscríbete a nuestro canal de Telegram "LeaNoticias" para que estés al día con toda la información sobre Venezuela y España.
El pleno del Ayuntamiento de Madrid ha aprobado hoy, con la oposición del PP, retirar de inmediato cinco placas y monolitos que honran a personas relacionadas con la dictadura franquista y a cambiar en un plazo de seis meses el nombre de una treintena de calles o plazas.
Esta acción se llevará a cabo en colaboración con técnicos y expertos, como las asociaciones de memoria histórica y la Cátedra de Memoria Histórica de la Universidad Complutense de Madrid (UCM).
La iniciativa la ha aprobado el pleno con los votos a favor de PSOE -partido que había presentado la iniciativa-, Ahora Madrid y Ciudadanos, y el rechazo del PP.
El PP ha argumentado para oponerse que el PSOE no ha aceptado una enmienda que, recogiendo de forma literal el artículo 1 de la Ley de Memoria Histórica, pedía que en la redacción de los motivos para cambiar los nombres se incluyera a quienes cometieron represión «por razones políticas, ideológicas o de creencia religiosa».
Así lo ha detallado este martes en el Pleno de Cibeles la delegada de Cultura y Deportes, Celia Mayer, en el que ha dado cuenta de las 30 calles, entre las que se incluyen Batalla de Belchite (Arganzuela), la plaza de Hermanos Falcó y Álvarez de Toledo (Barajas), paseo Muñoz Grandes (Carabanchel), Juan Puyol (Centro), plaza Arriba España (Chamartín), Primero de Octubre (Fuencarral-El Pardo), avenida General Fanjul (Latina), calle Millán Astray (Latina), Comandante Zorita, Hermanos García Noblejas, pasaje General Mola (Salamanca) o General Yagüe (Tetuán).
Suscríbete a nuestro canal de Telegram "LeaNoticias" para que estés al día con toda la información sobre Venezuela y España.
Plan de memoria
El Ayuntamiento impulsa un plan de memoria, en colaboración con asociaciones y cátedra de la UCM, que incluye una guía para cambiar el nombre de calles, el calendario para hacerlo, los criterios, la cuantía económica y los mecanismos para agilizar los trámites a los ciudadanos.
El plazo del que se dota es de seis meses. Mayer también ha planteado traer al Ayuntamiento en cuatro meses «una declaración institucional de condena al franquismo y de reconocimiento a las víctimas de la dictadura». Agencias.
