En el caso de Venezuela, según Luis Almagro, “no se trata de desmontar una dictadura y volver a la democracia, sino toda una estructura de narcotráfico en el Estado”, pues “toda la estructura del Estado está tomada por el narcotráfico”, fenómeno punible destapado a la vez por la administración Trump, según la cual el gobierno heredado por Nicolás Maduro “es una empresa criminal”, donde Pdvsa estaría relacionada con el narcotráfico y el lavado de dinero proveniente de la droga y el terrorismo. Un ex representante chavista ante la ONU al asegurar _“que existe el narcotráfico en la familia presidencial”_ lo confirmó, en el régimen no hay una sola persona digna, honesta y decente, es un combo hamponil, con o sin uniforme, que no ha cambiado desde 1999. Por tanto, tenemos una nación entera que se rebela contra una mafia en el poder, reprochada desde diversos ámbitos.
Para J.J. Rendón: “El régimen piensa como una mafia”, resultando lógico que se haya convertido en una organización criminal, en un narcoestado, cuya más acabada expresión es una dictadura plagada de corrupción y narcotráfico, articulada por un “pranato político polarizado MUD-PSUV”, esa sería la razón para que la MUD-ANV no reconozca internacionalmente el carácter hamponil y delincuencial del régimen, pasando por debajo de la mesa el tema de Narcotráfico y Terrorismo en Venezuela. Se llegó a este punto porque “el Estado Venezolano está en manos y penetrado por un grupo de Delincuencia Organizada, como presuntamente lo es el PSUV, equiparable en sus propósitos… a las mafias, los carteles y las FARC, y que utiliza el poder del Estado para la consecución de sus fines, maquillados tramposamente bajo el genérico nombre de: Revolución”, sostiene el abogado Rafael Sánchez González.
Resulta obvio que la “Delincuencia Organizada” es el origen de “una dictadura que diseña cómo matar a su pueblo” para prevalecer, un “régimen genocida” que degradó el escenario político con crímenes demasiado graves que no pueden quedar impunes, así lo entendieron parlamentarios de Colombia y Chile que demandaron a Maduro ante la Corte Penal Internacional por violaciones a los derechos humanos, preocupación compartida por la OEA, que denunciará a miembros del régimen por delitos de lesa humanidad, y el Mercosur, expulsando a Venezuela por no ser un país democrático. Todo apunta a crímenes de lesa humanidad ejecutados por un “grupo de criminales que ha tomado el control del Estado”, blanco de sanciones cada día más severas, insinuando que cuando se ha cometido tanta barbarie contra una nación, hablar de reconciliación es una terrible y peligrosa lección de impunidad.
“Cuando el delito se multiplica, nadie quiero verlo”, estas palabras de Bertold Brecht apuntan en un contexto de crisis humanitaria, sepultada la legitimidad del gobierno, que al cohabitar con un régimen genocida no sólo se está banalizando su real carácter criminal, se está escupiendo en la memoria de sus víctimas. Cuando la MUD-ANV insiste en hacerle el juego a Maduro con votos, participa en conversaciones secretas con éste y echa la concha de mango de la lucha entre legalidad y vandalismo, extendida a una aparente estrategia para irrumpir en el escenario abstencionista construido por el régimen, banaliza el hecho de estar tratando con las peores fuerzas internacionales, terroristas y narcotraficantes, creando condiciones para la única trampa que se le puede hacer al régimen, convertirlo en legítimo. Eso de considerar legítimos contendores a los integrantes de una banda de cuatreros, narcos y asesinos se le deja a farsantes de la MUD-ANV, pues no sólo al narcogobierno le pueden pasar por encima también a todo aquel que no entienda que el pueblo en ejercicio de su soberanía pide la salida de estos criminales del poder.
Por José Luis Centeno S. (@jolcesal)