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La diputada (Prove) Neidy Rosal, miembro de la comisión de Contraloría y Finanzas del Consejo Legislativo de Carabobo, denunció el hallazgo de más de 100 mil kilogramos de embutidos (salchichas y mortadela), importadas por el Gobierno Nacional y que se encontraba almacenada en unos silos en la localidad de Guacara.
Rosal se presentó de manera sorpresiva, según dijo, gracias a la información obtenida de los propios trabajadores del lugar utilizado como almacén, que le alertaron sobre el supuesto manejo irregular de estos alimentos.
Dijo haber constatado la existencia de numerosas cajas de este producto, cuyas etiquetas muestran fechas de vencimiento en diciembre de 2011, y enero y febrero del 2012. Las cajas habían sido guardadas dentro de unos silos, lugares diseñados para el almacenaje de cereales a granel.
Para el momento de la inspección de la parlamentaria, los alimentos estaban siendo embarcados en dos camiones para ser sacados del lugar.
Por su parte, la gerente de las instalaciones, utilizadas por el Ministerio de Alimentación a través de las empresas Pdval y Mercal, Edith González, señaló que efectivamente se encontraban en el lugar embutidos vencidos, pero que la mayoría del producto estaba allí por problemas microbiológicos con los cuales habían ingresado a Venezuela.
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González explicó que el lugar funciona como centro de acopio y que estos productos son llevados hasta ese sitio para someterse a un “reproceso”, en el cual se convertía en alimento balanceado para uso animal. También dijo que si lo permitían sus condiciones, el producto era redistribuido a través de la red de abasto de Pdval y Mercal.
La funcionaria admitió que los alimentos vencidos se debían a que la cadena tiene centros de acopio colapsados por lo que terminaban en ese lugar, que básicamente son silos, acondicionados para otro tipo de alimentos.
Neidy Rosal instó nuevamente a la Asamblea Nacional a investigar la situación del manejo de los alimentos dañados por parte del Gobierno nacional, y cuestionó que se le otorgara libertad condicional a los únicos tres detenidos por el escándalo de Pdval, y la pérdida de más de 130 millones de kilos de comida por vencimiento o descomposición.