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En días pasados observamos la lamentable noticia del homicidio del Diputado Robert Serra, tan atroz como el de centenares de venezolanos que día a día mueren a manos del hampa. Ciudadanos trabajadores e inocentes que son asesinados sin piedad, sin importar fecha, hora, situación, lugar. ¿Hasta cuándo vamos a ser víctimas de la impunidad de este gobierno?
Para nadie es un secreto que los diversos planes de seguridad implementados en el país no han pasado de unas patrullas haciendo rondas unas semanas y después se desvanecen como fantasmas. Más allá de la presencia policial que ofrece prevención y “sensación de seguridad”, el Estado debería enseriarse en el tema. No solamente cuando asesinen a una figura pública.
Por otro lado, existen casos emblemáticos y por todos bien conocidos, sin resolver; como el de la periodista Adriana Urquiola, aun cuando el homicida confeso, Yoni Bolívar, se comenta que está en el país y las autoridades siguen sin hacer justicia.
¿Quién sabe de la impotencia de los familiares de los cientos de venezolanos que han asesinado, miles de personas que matan anualmente, los más de 185 mil homicidios que han ocurrido durante los 16 años de este gobierno? Son deudos que solos sufren la impunidad de los crímenes sin castigos, y que seguramente, como se sabe en las barriadas y zonas populares de Venezuela, los culpables siguen haciendo de las suyas y hasta amenazan a los parientes de los fallecidos, quienes muchas veces prefieren callar para evitar ser la próxima víctima.
Con todo lo que vemos y vivimos a diario, seguimos presenciando como el Ministro Miguel Rodríguez Torres ha querido vender los cuadrantes de seguridad como la panacea, cabe preguntarnos, si está al alcance del bolsillo de los “boliburgues” únicamente como el gobierno los ha tildado y en donde ellos han pasado a formar parte de esta reducida élite, porque un ciudadano común, del pueblo soberano mismo no cuenta con los recursos para poder comprar un teléfono que mínimo le cuesta cuatro meses de trabajo digno y honrado.
Actualmente, ya ni en nuestras casas estamos seguros; habíamos llegado al extremo de decir que nos encerrábamos en nuestros hogares para que no nos pasara nada, ya eso tampoco es problema para la delincuencia.
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Por otro lado, hacemos un llamado a la cordura, a la mesura, y que los altos voceros del gobierno comenzando por el Presidente de la República y el de la Asamblea Nacional, no estén emitiendo opiniones irresponsables, que lo único que pueden desatar es una guerra civil. Dejen que los organismos competentes hagan su trabajo, para ello, ya la Fiscalía designó al caso Serra a la División de Delitos Comunes.
De lo que no nos queda la menor duda es que este es un gobierno inepto que juega a tener el poder y no sabe qué hacer con él. Un régimen que definitivamente se burla de la vida de los venezolanos. Sin embargo nos preguntamos: ¿Después de Robert Serra, qué?
Por Omar Ávila