Suscríbete a nuestro canal de Telegram "LeaNoticias" para que estés al día con toda la información sobre Venezuela y España.
El Gobierno boliviano y los policías amotinados firmaron esta madrugada en La Paz un acuerdo de mejoras salariales y laborales que pone fin a una semana de protestas en la que se produjeron algunos actos violentos.
Fuentes oficiales y de los agentes y suboficiales de la Policía Nacional confirmaron que el convenio incluye un aumento de 100 bolivianos (unos 14 dólares) del sueldo básico mensual y la suspensión de la ley de régimen disciplinario del cuerpo.
El acuerdo se firmó al amanecer, pocas horas antes de que llegue a La Paz una marcha indígena que rechaza una carretera que quiere construir el presidente boliviano, Evo Morales, en la reserva natural del Tipnis.
El ministro de Gobierno, Carlos Romero, informó a medios oficiales que, además, del aumento y la suspensión de la ley de régimen disciplinario, hay compromisos para no procesar a los amotinados, crear la oficina del Defensor del Policía y estudiar el reclamo de jubilación con el 100 % del salario.
El presidente Evo Morales y sus colaboradores aseguraron en los últimos días que tras el amotinamiento había un intento de golpe de Estado promovido por la derecha boliviana y Estados Unidos, pero no presentaron pruebas y, a pesar de esa inculpación, negociaron con los policías.
Suscríbete a nuestro canal de Telegram "LeaNoticias" para que estés al día con toda la información sobre Venezuela y España.
Las acusaciones sobre el supuesto golpe fueron desmentidas por los policías, la oposición y los indígenas amazónicos, también inculpados por el Gobierno por la coincidencia de su llegada a La Paz.
Aunque las principales ciudades bolivianas se quedaron una semana sin vigilancia policial ni otros servicios del cuerpo, no hubo un incremento notorio de la criminalidad.
Los mayores incidentes los causaron los amotinados al asaltar el viernes las sedes del Tribunal Disciplinario y la Inteligencia del cuerpo, para quemar sus archivos, y cuando ocuparon la plaza Murillo, donde tienen sede la Presidencia y el Parlamento, y desalojaron con violencia a partidarios de Morales.