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España pidió a la Unión Europea (UE) “sanciones” contra responsables de torturas en Venezuela, indicó este lunes su canciller Josep Borrell, que consideró “prioritario” que la negociación entre gobierno y oposición “fructifique”.
“Han ocurrido muertes trágicas de personas detenidas bajo el control de la policía política venezolana”, apuntó Borrell, llamando a sancionar a las personas “que se han visto involucradas en torturas seguidas de muertes”.
“Pero las sanciones no pueden ser un instrumento que perturbe la esperanza que ha levantado el proceso de Oslo. La primera prioridad es que este proceso continúe”, precisó el canciller español en rueda de prensa en Bruselas.
Aunque no figuraba como un punto en la agenda, consagrada principalmente al acuerdo nuclear con Irán, los ministros de Exteriores de la UE también repasaron este lunes durante su reunión mensual la situación en Venezuela.
La jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini, explicó al final de la reunión que la posición de la UE es “muy clara” respecto “al apoyo pleno a las conversaciones de Oslo” y “a la violación de los derechos humanos”.
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“El instrumento de las sanciones (…) forma parte de nuestras medidas y estas sanciones podrían incrementarse, si los Estados miembros lo consideran adecuado”, apuntó la excanciller italiana en rueda de prensa.
Tanto Mogherini como Borrell, propuesto por los mandatarios para sucederla, expresaron su apoyo al informe de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, que dio cuenta de ejecuciones y torturas, entre otros.
Uno de los casos más mediáticos fue el de Rafael Acosta, un militar venezolano de 50 años que falleció el pasado 29 de junio en un hospital de Caracas por presuntas torturas durante su detención.
“Creemos que el proceso de Oslo es la mejor opción que tenemos sobre la mesa” para que ambas partes “negocien”, dijo Borrell, quien subrayó que Maduro controla “la administración, el ejército y el territorio”.
La UE, que desde 2017 sancionó a 18 funcionarios venezolanos, lanzó en febrero junto a países latinoamericanos y europeos el Grupo de Contacto Internacional, iniciativa que busca elecciones presidenciales “libres y justas” en Venezuela.
