¡Están decididos! Colombia presentará pruebas para ordenar la captura de Nicolás Maduro

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El procurador de Colombia, Alejandro Ordóñez, presentará un documento para que la Corte Penal Internacional (CPI) procese y capture al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro y a varios funcionarios de su gabinete. El Nacional.

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Noticias Caracol reseñó que el texto de 19 páginas reúnes presuntas pruebas de crímenes de lesa humanidad cometidos por el gobierno venezolano contra el pueblo colombiano.

“Por instrucción del señor Nicolás Maduro, la Guardia Venezolana empezó a hacer celadas contra colombianos, detenciones ilegales y privaciones de libertad sin una orden judicial, en especial a los hombres, vendándoles los ojos y subiéndolos en buses y camiones hasta la frontera o desapareciéndolos. De igual manera, las mujeres denunciaron haber sido objeto de abuso sexual y manoseo de parte de los miembros de la Guardia”, reza uno de los apartados más polémicos del documento.

Ordoñez explicó que la deportación o traslado forzoso de población es un crimen consagrado en el Estatuto de Roma y, por eso, le solicitó a la fiscal Fatou Bensouda que expida la orden de captura contra Maduro, el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello; la canciller Delcy Rodríguez, el gobernador del estado Táchira, José Vielma Mora, y dos generales venezolanos.

El procurador agregó que los ataques de la Guardia Venezolana han sido sistemáticos y generalizados, además obligar a que miles de colombianos se exilien y aparten de sus familias.

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El Espectador reseñó que para Ordoñez se cometen ocho ataque sistemáticos: una campaña de persecución contra los pobladores colombianos en Venezuela; segundo, cientos de deportaciones arbitrarias sin justificación distinta al origen colombiano; tercero, la criminalización, humillación y tratos crueles; cuarto, las medidas de aislamiento, las casas demolidas y el hostigamiento sin orden judicial; quinto, múltiples casos de abuso sexual contra colombianas; sexto, las torturas sicológicas desplegadas por agentes estatales del vecino país; séptimo, la separación injustificada de padres colombianos e hijos nacidos en Venezuela, y octavo, la política de xenofobia.

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