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El llamado “Informe Lescure”, recibido hoy por el Gobierno francés, busca actualizar el concepto de “excepción cultural”, nacido en los años ochenta para que los grandes distribuidores de bienes culturales aportasen parte de sus beneficios a la creación cultural.
La nueva batería de medidas que estudiará el Gobierno francés pretende adaptar ese espíritu al siglo XXI y a la época de la piratería digital y de los gigantes de la distribución, como los estadounidenses Amazon, Google o Apple.
Se trata de que quienes fabrican y comercializan los aparatos (tabletas, móviles…)que puedan reproducir texto, vídeo o audio aporten un canon digital destinado a reforzar la industria cultural francesa.
El texto, redactado a petición del presidente de Francia, François Hollande, por el expresidente del Grupo Canal +, Pierre Lescure, es el resultado de nueve meses de trabajo y cientos de entrevistas con distintos agentes del sector cultural francés.
La ministra francesa de Cultura, Aurélie Filippetti, señaló tras recibir el estudio que esa tasa sería “extremadamente pequeña” y servirá para alimentar “una especie de cuenta de apoyo a las industrias creativas: la música, el cine, la fotografía y el videojuego, que crean empleo en Francia”.
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El estudio, de quinientas páginas, propone también modificar el sistema antipiratería digital vigente en Francia, de forma que ningún usuario llegue a verse privado de su conexión a internet.
“Para los internautas, hay que señalar que no habrá más cortes de internet decididos por un juez”, porque supone un “atentado grave contra una libertad (la del acceso a internet) reconocida por el Consejo Constitucional”, declaró Filippetti a la prensa.
De esa forma, el Gobierno socialista sentencia a muerte a Hadopi, el organismo creado por el expresidente conservador Nicolas Sarkozy para luchar contra la piratería digital, que se basaba en una serie gradual de advertencias y sanciones económicas y corte de la conexión a internet en caso de reincidencia.
El informe recibido hoy por el Gobierno plantea mantener las cartas de advertencia e incluso las multas, pero no la privación de conexión.
Además, anima a reducir sensiblemente las multas, pasando del tope de 1.500 euros (unos 1.950 dólares) de la actual legislación a un máximo de 60 euros (78 dólares), que es el precio de un abono anual en una plataforma legal para escuchar música en línea.
El “Informe Lescure” traza también otras líneas de actuación política, como reducir de 36 a 18 meses el tiempo mínimo que debe transcurrir entre la llegada de una película a las salas de cine y su explotación en pago por visión.
EFE