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El procurador general de Venezuela, Carlos Escarrá, dijo esta noche que el Estado evalúa varios escenarios en torno al fallo de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (Corte IDH) que ordena restituir los derechos políticos de Leopoldo López, sin embargo, aclaró que la última palabra está en manosdel Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), informó eluniversal.com.
Durante una entrevista concedida a teleSUR, Escarrá aseveró que Venezuela no está obligada a acoger la sentencia. "Estamos esperando ser notificados vía Cancillería. Se están estudiando diferentes escenarios y en el momento oportuno haremos lo que creemos que debemos hacer", planteó.
El Procurador dejó clara la posición del Gobierno venezolano de "respeto al estado de derecho, a los acuerdos y tratados internacionales siempre y cuando no se menoscabe la esencia misma de nuestro estado social y democrático de derecho".
De igual forma, Escarrá aseguró que la sanción impuesta por la Contraloría contra el exalcalde de Chacao (municipio del área metropolitana de Caracas) no vulneró sus derechos políticos.
"Él opina políticamente, él recorre las calles del mundo y de Venezuela políticamente. No puede ejercer un cargo público por ladrón", aseveró. Recordó que recientemente, el exalcalde del municipio Chacao conformó un partido político con "unos pírricos 117 mil votos" obtenidos en 335 municipios.
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El representante de Venezuela ante la Comisión Internacional de los Derechos Humanos (CIDH), Germán Saltrón, aseguró a través de teleSUR que la Corte "siendo un organismo de derechos humanos está protegiendo y convalidando el delito de corrupción y va en contra de la Convención Americana contra la corrupción y la lucha contra la corrupción en las Naciones Unidas", planteó.
El abogado precisó también que con esta sentencia se evidencia que la instancia internacional "tiene una campaña contra Venezuela para desprestigiar al Gobierno del presidente Chávez y justificar así cualquier intervención política como sucedió el 11 de abril de 2002 (golpe de Estado) y como tienen pensado hacerlo hacerlo si pierden las elecciones en 2012".
Recordó que desde que el presidente, Hugo Chávez, está en el poder se han presentado 58 denuncias sobre presuntas violaciones de los derechos humanos; mientras que desde 1967 hasta 1998 se recibieron seis solamente.