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Los indígenas del departamento del Cauca y el Gobierno colombiano acordaron hoy iniciar un diálogo, "al más alto nivel", el próximo lunes para buscar una solución a la crisis de violencia en esa región del suroeste del país, que ha dejado esta semana dos civiles muertos y unos 30 heridos.
"A partir del lunes iniciamos la discusión a fondo de los puntos y la búsqueda de soluciones concretas para la problemática planteada por estas comunidades indígenas", anunció el alto consejero para Asuntos Políticos y delegado presidencial para mediar en esta crisis, Aurelio Iragorri.
El paso se dio en medio de una fuerte tensión generada luego de que indígenas expulsaran a los militares de una base en el Cauca, que fue ocupada de nuevo por el Ejército y la Policía entre enfrentamientos.
De esta manera el Gobierno del presidente Juan Manuel Santos aceptó la propuesta indígena de establecer una mesa de concertación para solucionar la problemática de los nativos del Cauca, quienes, cansados de vivir entre el fuego, reclaman la salida de la fuerza pública y del grupo guerrillero FARC de sus territorios ancestrales.
Iragorri anticipó que en el encuentro del próximo lunes está previsto "establecer una ruta metodológica para discutir los puntos que los indígenas consideran trascendentales".
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Los aborígenes, según Iragorri, se comprometieron además con delegados de las Naciones Unidas y con la Defensoría del Pueblo a entregar el domingo la caja negra del avión Súper Tucano que cayó a tierra la semana pasada en Jambaló, otra localidad del Cauca, justo el día en que Santos celebraba en la zona un consejo de ministros.
Mientras que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) aseguran haber derribado el avión militar, cuyos dos ocupantes murieron, el Gobierno de Colombia insiste en que se trató de un accidente.
Por su lado, el exgobernador indígena Alcibiades Escue detalló a Efe que en esa mesa de diálogo el Gobierno debe definir lo que los indígenas llaman "mínimos", que se refieren a la necesidad de que la fuerza pública se retire del cerro Berlín, en Toribío, considerado sagrado por los aborígenes.
De ese cerro los nativos desalojaron a los militares, con el resultado de fuertes choques que han dejado más de 30 heridos.
Los aborígenes también exigen que no sean juzgados los nativos que tomaron, por la vía pacífica, el control territorial del cerro Berlín; así como que "cesen los señalamientos contra los indígenas de pertenecer a grupos armados ilegales".
Asimismo, reclaman que la mesa de diálogo tenga "garantes" y sugieren que entre ellos estén el Defensor del Pueblo, Volmar Pérez; el delegado del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia, Todd Howland; y el sacerdote jesuita Francisco de Roux.
Los indígenas ahora esperan que el Gobierno tome las decisiones de fondo, mientras ellos se ocupan de otros asuntos relacionados con su decisión de sacar de su territorio a los grupos armados.
En ese sentido, hoy iniciaron un juicio a cuatro presuntos guerrilleros de las FARC capturados la víspera por la Guardia Indígena.
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"Este viernes se debe definir la situación de esas personas", señaló Escue con relación a esa vista encabezada por los gobernadores de los 19 resguardos de indígenas nasas o paeces, apoyados por una comisión conformada por "sabios tradicionales".
El dirigente explicó que los presuntos guerrilleros, uno de ellos menor de edad y a los que capturaron con fusiles y explosivos, afrontan castigos como la reclusión, latigazos o el destierro.
Mientras este jueves se buscaba una salida negociada a la crisis desatada en una de las zonas más violentas de Colombia, un campesino murió en un suceso confuso durante el bloqueo de una carretera cercana a Caloto, informó el alcalde de esta localidad caucana, Jorge Edilson Arias.