La Causa R considera la captahuellas como una «dictadura alimentaria»

El secretario general de La Causa R y diputado a la AN, Américo De Grazia acudió al Tribunal Supremo de Justicia, TSJ en compañía del abogado José Vicente Haro y con miembros activos del Movimiento de sindicatos de base, Mosbase, para interponer un recurso de amparo en contra del presidente Nicolás Maduro por el sistema biométrico o captahuellas para comprar alimentos.

De Grazia calificó esta medida como “una dictadura alimentaria interpuesta por el gobierno para someter al pueblo venezolano a una criminalización del abastecimiento. Esto es inadmisible debido a que viola los artículos 305, 117, 83, 80, 78, 70, 49.2, 46.1, 43, 21.1 y el 21.2, de la Constitución Nacional”.

“Todos estos derechos constitucionales están siendo violados en este momento por el gobierno nacional al implementar la captahuellas como sistema de criminalización alimentaria a la familia. Esta decisión tomada con los movimientos sindicales y con la asesoría jurídica del Dr Haro tiene como propósito frenar este instrumento que quiere instaurar el gobierno nacional para cercar de hambre a los venezolanos”, dijo.

“Vamos a enfrentar a las captahuellas desde el punto de vista jurídico, pero también las vamos a enfrentar en la calle, con los trabajadores, con el pueblo venezolano, protestando a lo largo y ancho del territorio nacional, hacemos un llamado a los ciudadanos para que se adhieran a esta iniciativa como trabajadores o como asesoría jurídica”.

Captahuellas violan la Constitución

Por su parte el abogado constitucionalista, José Vicente Haro indicó que “estamos presentando ante el TSJ en Sala Constitucional un amparo contra el sistema biométrico o captahuellas. Este amparo está fundamentado en los artículos 27, 7, 333 de la Constitución Nacional, porque se están violando varios derechos constitucionales”.

Enumeró los derechos de los venezolanos que se estarán conculcando de implementarse las captahuellas. “Primero el derecho de los venezolanos a adquirir derechos y bienes, se está violando el derecho establecido en el artículo 5 de la Constitución de tener acceso permanente a los alimentos de la población venezolana”.

Dijo que el derecho a la salud también está siendo violentado si se aplica la captahuella a equipos médicos y medicinas. “Esto pone en riesgo la salud sobre todo de aquellos que tienen enfermedades crónicas”.

“Luego se viola el artículo 80 de la Constitución referido al derecho que tienen las personas de la tercera edad a la vida, la alimentación y la salud. En especial en los sectores populares se ven limitados para poder ir a comprar estos insumos médicos, medicinas, debido a las enfermedades crónicas que tienen”.

Aseveró que también se trasgrede el artículo 78 de la constitución referido a la alimentación de niños y adolescentes, “no se atiende el tema de la nutrición, ni el tema de niños con enfermedades congénitas o crónicas que requieren de dietas especiales”, explicó.

“El artículo 49.2 de la Constitución se violenta debido a que se presume que todos somos contrabandistas. Recordemos que el presidente dijo que este sistema se establecía para evitar el contrabando de alimentos. Este artículo se refiere a la presunción de inocencia”.

De igual forma resaltó que se viola el artículo 60 de la Constitución que pide y protege el derecho a la intimidad y confidencialidad de los datos privados de la persona. “A través de este sistema se piden datos confidenciales e íntimos referidos a la salud y a la dieta del venezolano, lo cual es inconstitucional”.

“En general se violan varios artículos de la Constitución como la prohibición de solicitar datos degradantes, se pone el peligro el derecho a la vida establecido en el artículo 43 de la Constitución, “esto se aplica a medicinas. Se viola el derecho a la igualdad y no discriminación porque se dice que se va a aplicar para unos venezolanos y sectores y para otros no”.

“Por último le preguntamos a la Sala Constitucional del TSJ si esto se va a aplicar a los militares, si se van a colocar captahuellas en el IPSFA, en el Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada.”. Haro calificó como desigual el trato que se da en Venezuela a los militares con respecto a los civiles colocando como ejemplo el alto ingreso salarial del sector castrense en contraste con los bajos salarios establecidos para la población civil.

“En general estas son las razones jurídicas y de derecho, solicitamos que la Sala Constitucional le ordene al presidente Nicolás Maduro no implementar las captahuellas por ser inconstitucionales”.

Fuente [Prensa de Solidaridad]