Los países del G77 y China apostaron por la transparencia institucional como vía para mejorar los ingresos por la explotación de los recursos naturales y que estos beneficios económicos redunden en la mejora de la calidad de vida de la población.
Así quedó recogido en el documento de conclusiones de la reunión que ministros de Energía e Hidrocarburos del bloque de países emergentes mantuvieron entre viernes y este sábado en la ciudad boliviana de Tarija (sur) para reflexionar sobre la mejor forma de administrar los recursos naturales desde el Estado.
Según las conclusiones, que cuentan con 24 puntos, «es necesario construir instituciones transparentes que permitirán mejorar los ingresos de la renta directa de los recursos naturales, a través de las regalías, impuestos y otros mecanismos utilizados en los países del G77».
Los altos funcionarios también destacaron la necesidad de «intensificar la cooperación entre los miembros» del bloque mediante «la cooperación Sur-Sur, incluyendo parques industriales y transferencia de tecnología».
El documento reitera que la potestad sobre los recursos naturales «parte del principio de la propiedad imprescriptible y la soberanía de los pueblos» en su administración «para el beneficio sostenible de las naciones».
«Estas políticas deben estar diseñadas de tal manera que permitan participar a todos los actores de la vida económica y social de los pueblos, empoderando a estos últimos respecto al uso y destino de los recursos naturales, ya que el fin último de la explotación de los mismos es generar beneficios duraderos para los pueblos», sostiene otra de las conclusiones.
El G77 considera que «los beneficios de la explotación de los recursos naturales deben reflejarse en el desarrollo económico y social» de cada país y ser asignados para lograr «la reducción de la pobreza, el desarrollo industrial en sectores no relacionados con el sector extractivo y la diversificación de las matrices productivas de los países».
Para ello, el grupo cree necesario «fortalecer las capacidades y responsabilidades de los gobiernos, acompañados de un marco legal sólido, fundado en una estructura regulatoria e instrumentos y medidas de política, que permitirán una industrialización segura, inclusiva y sostenible».
Además, el escrito destaca que los procesos de nacionalización desarrollados en algunos países del G77 «se han realizado bajo escenarios de democracia (…) rompiendo los paradigmas pasados y apuntando a relaciones público-privadas sostenibles en el tiempo».
Las conclusiones hacen especial hincapié en la diversificación industrial «para generar efectos multiplicadores en otros sectores de las economías» y reducir «la dependencia de unos cuantos sectores productores estratégicos basados en recursos naturales».
También se apuesta por «el desarrollo industrial inclusivo y sostenible» y por la creación de «sectores económicos en armonía con el medioambiente como las industrias de reciclaje y servicios medioambientales».
Por último, el G77 pidió a la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI) que intensifique sus esfuerzos para apoyar a los países miembros en todos los objetivos recogidos en las conclusiones.
En el encuentro, organizado por Bolivia, que ejerce la presidencia temporal del bloque, participaron representaciones de Argentina, Bangladesh, Burkina Faso, Colombia, Chile, Ecuador, Haití, Lesoto, Madagascar, Malasia, Marruecos, Nepal, Senegal, Tanzania, Uruguay, Venezuela y Zambia, entre otras naciones.
El G77 agrupa a un total de 133 países, que en junio de este año se reunieron en la ciudad boliviana de Santa Cruz para conmemorar los 50 años de vida del grupo y discutir una agenda de desarrollo internacional post 2015.
Fuente [Americaeconomia.com]