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A Nicolás Maduro le interesa imponer unas megaelecciones a su medida en Venezuela. Para ello pretendía adelantar las legislativas y hacerlas coincidir con las presidenciales del 22 de abril. También a escala regional y local. La excusa utilizada por el «hijo de Chávez»: poder gobernar «sin distracciones» en el quinquenio 2018-2022, para así centrarse en la economía.
Resulta ocioso recordar que Venezuela vive desde hace dos años en estado de excepción por emergencia económica, durante los cuales el PIB cayó un 24% y la inflación se disparó por encima del 2.600% en 2017, pese a que Maduro contó con plenos poderes conferidos por decreto. La verdadera razón es otra: aprovechar que la oposición se encuentra muy debilitada. Una jugada taimada al tiempo que astuta porque, después de todo, en 2016 fueron sus propios adversarios quienes le exigieron de forma reiterada que convocara elecciones. Hace dos años él mismo dijo que eso era imposible según la Constitución…
Desde que el chavismo perdió la hegemonía en la Asamblea Nacional y esta se convirtió en el único poder público autónomo, el régimen ha intentado por todos los medios restringir el margen de acción del órgano unicameral. Ha utilizado todo tipo de trampas. Instalando un Parlamento paralelo. Designando magistrados leales a la «Revolución Bolivariana» con miras a que el Tribunal Supremo refutara las decisiones de los legisladores y los despojara de sus facultades. O impugnando a diputados por delitos electorales aún no comprobados para evitar que, durante el período 2016-2021, la oposición conservara la mayoría de dos tercios obtenida por voto popular.
Además, y siguiendo órdenes del Ejecutivo, el Consejo Nacional Electoral (CNE) creó una Asamblea Nacional Constituyente (ANC) en circunstancias reñidas con la Carta Magna. Esa instancia asumió las competencias del Parlamento, disolviéndolo el 18 de agosto de 2017. Ahora, la controvertida ANC anticiparía los comicios legislativos, que deberían tener lugar en 2020. Luis Emilio Rondón, el único rector independiente del CNE, tacha esa moción de «inconstitucional».
La maniobra chavista supone la disolución del Parlamento, de mayoría opositora, al que todavía le quedan tres años de ejercicio, en otro acto inconstitucional más.
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La Unión Europea, Canadá, EEUU y catorce países vecinos han advertido ya que no reconocerán los resultados de las elecciones presidenciales, tal como están siendo organizadas. Cabe esperar que asuman la misma postura de cara a las parlamentarias preparadas. Pero a estas alturas a Maduro y su entorno les traen sin cuidado las condenas del extranjero. No ha hecho ninguna concesión ni ha dejado de exhibir su talante totalitario. Lo que verdaderamente le importa son sus simpatizantes. Así como lo que piensan los sectores de la población venezolana que, sin ser chavistas, no comulgan con la oposición.
Maduro volverá a ganar «sus» comicios. Citando sondeos recientes de la encuestadora Venebarómetro, el periodista venezolano Eugenio Martínez, experto en análisis electorales, comenta que el 81% de quienes se identifican con la «Revolución Bolivariana» están «muy seguros» de ir a votar el 22 de abril, mientras que apenas el 40% de los opositores y 26% de los independientes está dispuesto a ir a las urnas.
El Gobierno venezolano, que no admite inspectores internacionales desde las presidenciales de 2006, ha invitado a observadores de las Naciones Unidas para las elecciones del 22 de abril. Pero la ONU no puede armar una misión técnica de esa índole en un lapso de tiempo tan corto. «Y ningún otro organismo multilateral está en condiciones de enviar una misión a Venezuela», arguye Martínez. Y el control internacional es, por descontado, solo uno de los puntos débiles del proyecto electoral de Maduro.
Expertos electorales consideran esas megaelecciones «técnicamente imposibles». Unos comicios de ese tipo niegan la democracia, la descentralización y el principio de autonomía de regiones y municipios. Son exactamente lo contrario a un sistema político democrático.
La presidenta del CNE, Tibisay Lucena, ha aclarado ahora que el cronograma electoral para el 22 de abril está muy avanzado y no se llevarán a cabo elecciones parlamentarias al mismo tiempo que las presidenciales. La presidenta de ANC, Delcy Rodríguez, llegó a asegurar que la propuesta de adelantar las elecciones parlamentarias fue una de las planteadas por el jefe de la delegación opositora en la mesa de diálogo que tuvo lugar en República Dominicana, el diputado Julio Borges. No obstante, esa propuesta fue hecha pública por el constituyente Diosdado Cabello.
En efecto, el 20 de febrero el vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) propuso que las elecciones para la Asamblea Nacional sean el mismo día que los comicios para presidente y añadió que la propuesta será presentada a la Asamblea Nacional Constituyente para su aprobación. Por su parte, el presidente de la AN, Omar Barboza, reaccionó a la propuesta diciendo que parace que el gobierno «estuviera en la posición de tomar la ruta de la ilegitimidad». Afirmó que seguirán defendiendo la Constitución, la soberanía popular y la lucha por el restablecimiento la democracia en Venezuela.
