Suscríbete a nuestro canal de Telegram "LeaNoticias" para que estés al día con toda la información sobre Venezuela y España.
Fueron necesarios seis años de guerra contra el crimen organizado y más de 70.000 muertos y 25.000 desaparecidos para que el gobierno mexicano volviera la vista a las víctimas. El presidente Enrique Peña Nieto promulgó este miércoles la primera Ley General de Víctimas, una normativa que llevaba ocho meses en el cajón de Los Pinos (el Congreso la aprobó por unanimidad en abril de 2012) porque el ex mandatario Felipe Calderón se negó a firmarla por «controversias constitucionales», decisión que enfureció a los colectivos de la sociedad civil.
«Es el primer paso hacia la justicia y la paz que necesita la nación pero no basta», afirmó categórico el líder del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, Javier Sicilia. El colectivo lleva más de año y medio reclamando esta normativa pero Sicilia, aunque mostró su reconocimiento a Peña Nieto por cumplir su compromiso, recordó que para que la ley sea efectiva necesita desarrollarse «un sistema nacional de atención a las víctimas dotado con suficientes recursos y personal para atender la crisis humanitaria que vive la nación». «Sin él la ley será letra muerta, un sueño devorado por la pesadilla».
De momento, en los presupuestos para 2013 no se incluye ninguna partida para la ley de víctimas pero algunos diputados creen que podría hacerse algún ajuste presupuestario a partir de ahora.
Sin decir de dónde saldrá el dinero para la iniciativa, Peña Nieto, que se calificó como «un presidente que invariablemente estará al lado de las víctimas», se comprometió a acreditar «más allá de la retórica» que cumplirá con su palabra y garantizó que pondrá al gobierno al servicio «de los que han quedado al margen de la justicia y de la garantía plena de los derechos que prevé la Constitución».
La Ley General de Víctimas -«consecuencia de la impunidad y la corrupción» que ha reinado en México, dijo Sicilia, pero también esperanza «de una nación que se rehace de sus miserias» -reconoce el derecho de los afectados por la violencia a recibir ayuda, a conocer la verdad, a que se les imparta justicia y se repare el daño ocasionado.
También exige que se les trate con humanidad y respeto, algo que no ocurría hasta ahora ya que todas las organizaciones de derechos humanos se han quejado continuamente del desprecio (cuando no malos tratos o amenazas) que recibían los afectados cuando denunciaban sus casos ante las autoridades. Asimismo, insta a la búsqueda de los desaparecidos y a la protección de los afectados.
Las cinco claves
Suscríbete a nuestro canal de Telegram "LeaNoticias" para que estés al día con toda la información sobre Venezuela y España.
Pero para que todo esto sea una realidad, Peña Nieto reconoció que primero es preciso desarrollar y poner en marcha cinco instrumentos: el Sistema Nacional de Víctimas que supervisará el programa; una comisión de seguimiento de la ley en la que participarán víctimas y organizaciones de la sociedad civil; una asesoría legal; un registro nacional de víctimas; y un fondo de ayudas.
Sicilia fue más allá al reclamar «una limpieza real de los delincuentes que hay en todos los órdenes de gobierno» porque sin esa depuración de todo tipo de autoridades «las víctimas seguirán acumulándose» y exigió «al poder judicial que cumpla con sus obligaciones con la nación».
El líder del Movimiento por la Paz pidió también una ley de seguridad «que ponga énfasis en los derechos humanos» y, aunque no mencionó a Calderón, sí se refirió implícitamente al presidente que inició la guerra frontal contra el crimen organizado al agradecer a Peña Nieto su cumplimiento «con una justicia traicionada» y pedirle la creación del memorial para las víctimas que su antecesor se negó a realizar.
Desde la ONU, ya se ha saludado la aprobación de la ley que entrará en vigor en 30 días, el 8 de febrero. «Es un paso necesario, significativo y de plena legitimidad en el camino de dotar a las mexicanas y mexicanos de una política de Estado y de mecanismos eficaces que garanticen sus derechos», sostuvo el representante en México de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Javier Hernández Valencia.