Las últimas semanas han sido especialmente duras, al comprobar el grado de violencia que se sigue ejerciendo contra los niños, lo cual, pasada la indignación, debe llevarnos a buscar soluciones urgentes a este grave problema.
¿Somos un mundo enfermo? Lo último ha sido la paliza de un padre despiadado a su hijo de 7 años, el que muestra cicatrices de maltrato antiguo. Hace pocos días una madre en estado de ebriedad castigó a su hija de un año. Y, pocas semanas atrás, un padrastro propinó un fuerte maltrato a su hijastro, lo que conmocionó a la opinión pública. Todos estos no son más que actos cobardes y aborrecibles de personas desadaptadas que se aprovechan de la vulnerabilidad de un ser humano, los niños, muchas veces con alevosía y ensañamiento.
Ante todo, hay que alentar y agradecer la actitud de vecinos o familiares que, esta vez se han atrevido a denunciar los hechos, hartos de la irascibilidad, cobardía e irresponsabilidad de quienes están llamado a ser los primeros proveedores y protectores de sus vástagos.
En el Perú La Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables ha probado su eficacia, por lo que tiene que ser más publicitada y repotenciada en su logística y personal de ayuda psicológica. Según cifras del ministerio, en el año 2014 casi 16 mil menores de edad afectados por violencia familiar y sexual acudieron a dicha instancia en busca de apoyo. ¡Y cuántos casos más habrá que no son denunciados!
De acuerdo a una reciente encuesta de Ipsos el 73 % de entrevistados dijo haber recibido golpes de sus padres u otro adulto, y el 57 % refirió que fue testigo de violencia contra niños en su familia. Estos datos concuerdan con estudios de Save the Children, que indican que alrededor del 60% de los niños y adolescentes peruanos son objeto de maltrato físico o humillación en sus propias familias.
Dura realidad esta que debemos enfrentar con realismo y firmeza. Luego de la denuncia a los agresores, como se hace en algunos casos con repercusión mediática, es sumamente importante la tarea del ministerio aludido, de la Defensoría del Pueblo, de la Policía Nacional y, por supuesto, del Ministerio Público. Ello para denunciar a los responsables y dictar las medidas pertinentes no solo para promover la detención preventiva de los maltratadores, que seguramente necesitan también atención psicológica, sino también para garantizar la integridad y salud de los menores maltratados.
Es de imaginar la terrible tragedia psicológica que debe significar para un niño constatar que un progenitor lo maltrata y el otro calla por temor, y que su futuro dependerá de terceros o del Estado, que a duras penas sostiene unos pocos e inadecuados albergues.
Los daños van más allá. Como señalan otros estudios, muchos maltratados de hoy se convierten en agresores del mañana, y repiten un cuadro aberrante en un círculo vicioso que debemos romper ya. Y, viendo el tema desde una perspectiva de lucha contra la criminalidad, hay estudios que sostienen que la delincuencia callejera se inicia en hogares disfuncionales, que alientan la deserción escolar, y donde la violencia familiar es pan (terrible ironía) de cada día.
No podemos ser sordos ni ciegos ante esta radiografía tan penosa como peligrosa que nos avergüenza como país. Y así como apoyamos que cada vez más vecinos y ciudadanos denuncien a los maltratadores, pues desde el Estado tiene que proseguirse incansablemente con esta cruzada para erradicar la violencia familiar contra los menores.
Al respecto, apoyamos decididamente la iniciativa del Ministerio de la Mujer y de un grupo de congresistas para que el Parlamento modifique el artículo 74 del Código de los Niños y Adolescentes, que actualmente permite que los padres puedan “corregir moderadamente” a sus hijos, lo que es ampliamente interpretado por algunos padres pegalones y por autoridades encargadas de sancionarlos. Nunca como ahora aquello de que la violencia genera más violencia se hace más patente.
Fuente [Espacio360.com]