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El ex policía y ex agente civil de inteligencia durante la dictadura Juan José Luis Gil fue condenado hoy a cinco años de prisión e inhabilitación absoluta por igual período por amenazas agravadas al fiscal José Candioti, quien lo investigaba en causas por delitos de lesa humanidad.
Fuentes judiciales informaron a DyN que el Tribunal Oral Federal de Santa Fe, integrado por los jueces María Vella, José María Escobar Cello y Roberto López Arango, condenó a Gil por las amenazas que le hizo al fiscal entre abril y junio de 2009 a través de correos electrónicos.
En los mails le advertía a Candioti que los iba a ejecutar a él y a sus hijos, de quienes, decía, sabía sus movimientos y a qué colegio iban, si no dejaba de investigar las causas por delitos de lesa humanidad.
Ex integrante de la guardia rural "Los Pumas" de la policía de Santa Fe, Gil también amenazó a testigos e integrantes de organismos de derechos humanos a través de mails firmados por la llamada organización "La Hermandad".
En esos correos daba cuenta del conocimiento que tenía de la causa N° 50 en la que Candioti, actual fiscal de Entre Ríos, investigaba los delitos de lesa humanidad cometidos en Reconquista, ya que reflejaba con información precisa su contenido y avances.
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La investigación determinó que Gil enviaba los mails desde su casa y de un cyber cercano a su domicilio, y cuando fue detenido en su vivienda en octubre de 2009 se encontraron copias de la causa, declaraciones de testigos en otros expedientes de lesa humanidad, listados de personas detenidas en 1976, literatura nazi y armas de guerra.
El fiscal Martín Suárez Faisal había pedido para Gil una pena de ocho años de prisión, mientras que la querella había reclamado 13 años.
La denuncia había sido realizada la Asociación Norte Amplio por los Derechos Humanos de la ciudad de Reconquista, quienes presentaron las pruebas de la recepción de correos electrónicos con amenazas.
Durante la indagatoria Gil acusó a fiscales federales y policías de inventar la causa, pero las pruebas documentarias mediante la vía informática fueron determinantes para su condena, que se convierte en la primera del país donde una amenaza de este tipo es considerada como una prueba contundente para llegar a juicio.